3. En busca del tiempo perdido
El
proyecto redistribucionista del peronismo sentó las bases para una alianza
entre los trabajadores y la burguesía nacional. Los cambios producidos durante
dicho proceso en la economía y a nivel del Estado implicaron una efectiva
democratización que se tradujo en el acceso al poder político de la clase
burguesa en su conjunto. Con el peronismo, el Estado adquirió un carácter
capitalista "puro" al institucionalizarse en su seno tanto el
predominio de la fracción industrial de la burguesía como la presencia y el
peso social de la clase obrera. Efectivamente, por entonces el Estado se convirtió
en el órgano de un nuevo sistema de alianzas donde se encontraban representadas
las fuerzas armadas, la burguesía nacional y las clases trabajadoras sobre la
base de un programa económico que apuntaba a la transferencia del excedente
del sector agroexportador a la industria. Esto generó una nueva etapa en el desarrollo
económico argentino. Se profundizó la industrialización sustitutiva ampliando
el mercado interno a través de una redistribución de los ingresos (los
asalariados llegaron a percibir el 50% de la renta nacional), de leyes sociales
y de una mayor intervención del Estado. Se nacionalizaron además los
principales servicios públicos (ferrocarriles, electricidad, teléfono, etc.), se
crearon empresas estatales de aviación y navegación fluvial y marítima, y
se rescató la deuda externa. No obstante ello, la gravitación creciente de las
empresas extranjeras, a partir de principios de la década del ‘50, cuando las
industrias dinámicas adquirieron el papel hegemónico en el sector industrial y
en el conjunto de la economía nacional, frustró tempranamente la formación de
intereses locales que pudieran asumir la conducción de los sectores líderes,
cuya expansión se apoyaba en las propias exigencias de la demanda interna y en
la transformación del sistema productivo. En 1949 el plan económico entró en
crisis dado que los términos de intercambio comercial comenzaron a ser
desfavorables, las exportaciones argentinas disminuyeron sensiblemente y cayó
la existencia de divisas disponibles. Esto generó dificultades a los
empresarios industriales para importar maquinaria y materias primas, lo que
puso en evidencia la debilidad de los cimientos de la industrialización
peronista y el comienzo de los ciclos económicos con altibajos propios del
desarrollo industrial en los países periféricos.
La crisis,
agudizada por dos sucesivas sequías, llevó al gobierno a poner en marcha en
1952 un nuevo plan económico, mucho más austero, entre cuyos objetivos estaba
el de detener la inflación y resolver el problema del déficit en la balanza de
pagos. Para ello se apeló al capital extranjero (incluyendo concesiones
petrolíferas a empresas norteamericanas) y se establecieron relaciones
diplomáticas con los países del bloque soviético, sin por ello descuidar los
vínculos con la Europa capitalista. Así, la dependencia de Argentina respecto
de bienes de capital, tecnología y divisas hizo que el proceso de
industrialización emprendido bajo el manto del populismo y el nacionalismo se
agotara una vez disipada la “naturaleza singular” que posibilitó su origen. Las
limitaciones de una acumulación de capital centrada en bienes de consumo, de
baja escala, eficiencia y productividad, con infraestructura energética y de
transportes endeble, evidenciaron la incapacidad para alcanzar un nivel de desarrollo
autosostenido. El resultado inevitable fue, por consiguiente, que aquel régimen
que dijo resistir al imperialismo, llegado a este punto, se transformase en uno
de sus más esmerados aliados. De todos maneras, en septiembre de 1955 y en el
marco de un enfrentamiento creciente con la Iglesia Católica y con sectores
opositores que le reprochaban la existencia de un Estado omnipresente y una
creciente restricción a las libertades públicas y al accionar de la otras
fuerzas políticas, Perón se vio desplazado del poder por un golpe de estado
cívico-militar a pesar de que contaba todavía con un amplio apoyo popular. No
obstante, terminó abandonando ignominiosamente la escena sin apelar a la movilización
de las masas y entregó el poder sin resistencia a la reacción
burguesa. Como resultado de este período puede aseverarse que el marco capitalista en
que operaron sus reformas quedó intacto, lo que implicó que éstas quedaran
rápidamente vaciadas de contenido.
Es que, a
partir de su doctrina de “comunidad organizada”, el régimen peronista concedió
enorme poder a las corporaciones (sindicatos manejados verticalmente desde el
Estado, clero y fuerzas armadas) en desmedro de la democracia representativa.
Como lógica consecuencia de un esquema de este tipo, a medida que se iban
acentuando las dificultades económicas fueron reduciéndose los márgenes de la
libertad de expresión y del derecho al disenso. Pero lo que constituye la
verdadera estafa del peronismo es el sistemático esfuerzo de domesticación e
instrumentación del movimiento obrero que caracterizó las relaciones entre
Perón y los sindicatos. No es de extrañar entonces que la masiva participación
popular de los orígenes del peronismo fuera poco a poco reduciéndose a una rígida
organización del consenso basada en el más estricto verticalismo. Ya hacia
fines de la década del '40, con la consolidación del Estado populista, la CGT
(Confederación General del Trabajo) se había convertido en un apéndice del
Partido Justicialista. Los sindicatos habían perdido así casi por completo su
autonomía y se transformaron en correa de transmisión de las políticas del
gobierno, desvirtuando sus fines como organismo representativo de los
intereses de los trabajadores. El reconocimiento explícito del materialismo
histórico y de la lucha de clases que había guiado al movimiento obrero
argentino durante gran parte de su existencia se había convertido en profesión
de fe de la doctrina peronista.
Después de
la caída de Perón, durante las dos décadas siguientes se sucedieron períodos de
avance de la industria con otros de estancamiento, producidos por políticas de
estabilización que favorecieron a los sectores agroexportadores. En la etapa de
auge, ante el aumento de la producción industrial vinculada al consumo local,
se incrementaron las importaciones para comprar bienes de capital e insumos
básicos, y se redujeron las exportaciones por la mayor demanda interna
originada en la suba del salario real y de los niveles de ingresos. Pero el
déficit en la balanza comercial y la disminución de las divisas llevaron a una
devaluación que provocó un aumento del precio de los productos agrarios
exportables y de los insumos importados. Todo esto se tradujo en una crisis del
sector externo, inflación y políticas monetarias restrictivas. La puja
intersectorial se expresó, además, en sucesivos golpes de estado. Durante el
breve gobierno de la autodenominada “Revolución Libertadora”, se intentó la
“desperonización” de la sociedad argentina, proscribiendo al partido en ese
entonces mayoritario. En materia económica se adoptaron medidas de
liberalización de la economía con el objetivo de incorporar al país al mercado
internacional. El gobierno adhirió al FMI y los organismos financieros
internacionales y se redujo en gran medida el grado de intervención del Estado
en la economía nacional. En resumidas cuentas, la “Revolución Libertadora”
significó una vuelta a la ortodoxia económica. El golpe de 1955 acercó a la
Argentina a los lineamientos de la política exterior impulsada por Estados
Unidos para todo el hemisferio en el marco de la Guerra Fría.
En cambio,
desde 1958, el gobierno de Arturo Frondizi (1908-1995), apoyado en las
elecciones por el proscrito peronismo, reorientó la política exterior en
función de su proyecto desarrollista. Se puso en marcha una nueva política
económica que apuntaba al despegue de las industrias básicas (energía, acero,
química, papel, maquinarias y equipos, automotores), para el cual era
fundamental el autoabastecimiento petrolero y la tecnificación del agro. A fin
de alcanzar estos objetivos el gobierno decidió apelar al capital extranjero firmando
polémicos contratos petroleros con empresas estadounidenses. El proyecto
desarrollista concordaba, de hecho, con los planes de expansión e inversión en
América Latina de las
grandes compañías transnacionales. Esto permitió un fuerte crecimiento del
sector industrial y, hacia 1962, se logró el autoabastecimiento de petróleo. Pero
pronto Frondizi perdió el apoyo del sindicalismo peronista con sus políticas de
estabilización, se enajenó el apoyo de sectores políticos y debió enfrentar
planteos militares, que terminaron en su deposición tras haber aceptado, en
elecciones parciales, la participación electoral del peronismo. Su actitud comprensiva
con Cuba, negándose a seguir a Estados Unidos en su planteo de expulsarla de la
OEA y la visita secreta en Buenos Aires de Ernesto Guevara (1928-1967) provocaron
un gran revuelo entre los militares. Esa política ambivalente derivó finalmente
en su caída por otro golpe de estado. Tras el interinato de su vicepresidente,
cuyo equipo de economistas liberales intentó retornar sin éxito a medidas
económicas ortodoxas en medio de una profunda crisis del sector externo
mientras en política exterior se aceptaba nuevamente el liderazgo norteamericano,
le siguió un gobierno elegido con la proscripción del peronismo, el del radical
Arturo Illia (1900-1983), que adoptó, por el contrario, una política
nacionalista moderada cuyos objetivos eran limitar la presencia de capital
extranjero (anuló los contratos petroleros firmados por Frondizi), alentar el
mercado interno (hubo aumentos salariales, impuestos a las importaciones y
disminución de las tarifas de los servicios públicos) y redistribuir ingresos.
Contó con
una buena coyuntura económica (grandes exportaciones y balanza comercial positiva),
lo cual permitió disminuir la deuda externa y dinamizar la economía. Intentó
también diversificar la inserción internacional y abrir nuevos mercados, como
el chino. Pero todo esto no sirvió, sin embargo, porque su gobierno era
políticamente débil y los militares terminaron derribándolo en 1966 por un
nuevo golpe militar: la “Revolución Argentina”, tal el nombre autoasignado.
Este profundizó la modernización industrial a través de nuevas inversiones de capitales
externos y, a pesar de no poder superar algunos de sus principales problemas,
la economía argentina creció y el sector industrial comenzó a exportar sus
productos. No obstante, todos estos aparentes cambios estuvieron signados por
una profunda crisis orgánica, aquella que el periodista y activista político
italiano Antonio Gramsci (1891-1937) definiera en "Noterelle sulla
política del Machiavelli" (Notas sobre Maquiavelo, sobre la
política y sobre el Estado moderno) como crisis de hegemonía del
bloque social dominante. Esta se da cuando “los partidos tradicionales, con una
forma de organización dada y con determinados hombres que los constituyen,
representan y dirigen, ya no son reconocidos como expresión propia de su clase
o de una fracción de ella. En tales casos, lo más probable es que se refuerce la
posición relativa del poder de la burocracia (civil o militar), de la alta finanza,
de la Iglesia y en general de todos los organismos relativamente
independientes de las fluctuaciones de la opinión pública. En cada país el
proceso es diverso, aunque el contenido es la crisis de hegemonía de la clase
dirigente, que tiene lugar o bien porque la clase dirigente ha fracasado en
alguna grande empresa o bien porque vastas masas (especialmente de campesinos y
de pequeño-burgueses intelectuales) han pasado de golpe de la pasividad
política a una cierta actividad y ponen reivindicaciones que en su conjunto
inorgánico constituyen una revolución. Se habla de crisis de autoridad y ello
es precisamente la crisis de hegemonía, o crisis del Estado en su conjunto”.
En el caso
de la Argentina, esta crisis orgánica se fue profundizando hasta culminar en
una situación revolucionaria, es decir, una fase de extrema vulnerabilidad del
sistema, en la que éste se vio debilitado por la vacancia hegemónica y acosado
por una intensa actividad y movilización de los sectores populares, levantamientos
obreros y la radicalización estudiantil. En ese contexto se sucedieron los
gobiernos militares hasta 1973, cuando retornó el peronismo al poder. Paralelamente,
la burocracia sindical fue asumiendo funciones de dirigencia política y, durante
la segunda mitad de la década del '60, su tendencia corporativa y anticomunista
la llevó a apoyar el proyecto autoritario de los militares en el poder, en un
primer momento, y a no atinar una respuesta coherente después, cuando se
desencadenó la ofensiva de éstos contra los sindicatos. A raíz de ello, a
medida que crecía el descontento antidictatorial también ella se vio rebasada
y desplazada por la dinámica de la movilización popular. Durante ese lapso se
asistió a la formación de las primeras organizaciones armadas que intentaron
aplicar estrategias de guerra revolucionaria para la toma del poder.
Mientras
tanto, en el plano económico, la crisis del modelo de industrialización por
sustitución de importaciones dio paso a la formación de una industria
oligopólica que se limitó a establecer su control sobre un mercado interno
restringido sin insuflar una nueva dinámica al conjunto de la economía. Peor aún,
las políticas de tipo liberal ortodoxo instrumentadas por la mayoría de los
gobiernos del periodo estrangularon dicho mercado porque los aumentos de la
productividad no se reflejaron adecuadamente en la correlación entre precios y
salarios. La principal concentración del poder económico se dio en las empresas
extranjeras y en las empresas públicas. En torno de estas empresas se nuclearon
intereses financieros y comerciales y empresas de capital nacional. Por su
parte, la burguesía agraria fue reabsorbida como socia menor de la industria
oligopólica. La alianza entre los sectores más concentrados de las burguesías
rural y urbana se renovó en esta fase con el predominio de la última y en una
clara perspectiva de subordinación al capital financiero internacional. Cuando
a comienzos de la década del ‘70 el sector externo entró nuevamente en crisis,
salieron a la superficie las inconsistencias del programa: la expansión de las
importaciones, estimuladas por la liberación de las mismas, influyó en el estancamiento
de las exportaciones y la consecuente crisis del balance de pagos. Al mismo
tiempo, la tasa de inflación dio un salto drástico, revelando la quiebra del
esquema, por lo que se articularon un conjunto de medidas de corto plazo y de
cambios drásticos en varios campos de la política económica. Se elevaron las
inversiones públicas con el doble propósito de la expansión de la infraestructura
y de la demanda global, se reabrieron las negociaciones de los convenios
colectivos de trabajo como instrumento clave para fortalecer la posición
negociadora de los trabajadores y contribuir a rectificar, al menos, una de las
causas del deterioro de su participación en el ingreso nacional, y se dispuso
la adopción de controles directos de precios, en particular sobre productos estratégicos
y en artículos de consumo popular.
La
democracia representativa, de todas formas, había quedado definitivamente
abolida. El ejercicio dictatorial del poder permitió al Estado acallar los
reclamos sectoriales e imprimir un rumbo definido a la economía. Se exacerbaron
los conflictos sectoriales y la puja por la distribución, un ingrediente
importante para comprender la movilización y politización de esos años. “Desde
mediados de la década de 1960 -dice el historiador argentino Luis Alberto
Romero (1944) en “La crisis argentina. Una mirada al siglo XX”- fue visible que
un título universitario estaba lejos de garantizar una buena posición social;
que el obrero altamente calificado rara vez se convertiría en pequeño
tallerista, y que la anhelada casa propia solo sería una casilla o un rancho
mejorados. Es posible advertir en estos cambios las raíces de una mayor
crispación en los conflictos sociales. La movilización de la sociedad, hasta
entonces aquietada por la represión autoritaria, se inició a fines de 1968 y
tuvo un primer episodio espectacular en el Cordobazo de mayo de 1969. De ahí en
más, se desplegó, en un crescendo que no se detuvo hasta 1973, cuando asumió el
gobierno peronista; después se mantuvo, pero sin la unanimidad e inocencia
iniciales”.
El
contexto histórico en el que se dieron estos acontecimientos tiene que ver con los
planes de estabilización y ajuste estructural impulsados por los acuerdos con
los principales organismos de crédito internacional y con la modernización
estructural producto del surgimiento de industrias de punta con fuerte
inversión de capital extranjero que exigían una alta calificación técnica de la
fuerza de trabajo. Tal como explica el historiador argentino Pablo Pozzi (1953)
en “Los setentistas. Izquierda y clase obrera (1969-1976)”, “el ingreso a los
colegios técnicos y las universidades de importantes sectores de esta fracción
de la clase obrera así como la radicalización de los sectores juveniles
procedentes de las clases medias urbanas, conformó una fuerza social que
devendrá fuerza política en el contexto de las luchas contra las dictaduras,
pero que trascenderá la reivindicación democrática para cuestionar el régimen
social mismo. Sin esta caracterización general es difícil comprender la
fortaleza de la coordinadoras fabriles así como los cuerpos de delegados en
diferentes facultades. Por otro lado, la clase obrera sufrió un proceso de
heterogeneización entre una masa obrera no calificada vinculada con las
industrias del patrón de acumulación característico de la industrialización por
sustitución de importaciones y una nueva masa obrera calificada y
especializada. El dinamismo político de este sector se vio influenciado por la
experiencia política de la proscripción del peronismo y la intervención de
corrientes marxistas revolucionarias con diversos grados de penetración en los
cordones industriales”.
La
confluencia de las luchas dentro del peronismo y las agrupaciones marxistas
revolucionarias se expresó, en cuanto a organizaciones políticas, en la
conformación del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y en cuanto a
organizaciones sindicales, en la CGT de los Argentinos, la cual originó el
llamado “clasismo obrero” de destacada actuación en las luchas callejeras que
irrumpieron en la escena política entre fines de los ‘60 y primeros años de la
década siguiente.
El
sindicalismo clasista nutrió las filas de las organizaciones armadas más
importantes durante este período: el Ejército Revolucionario del Pueblo (brazo
armado del PRT), los Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La
primera de ellas, el ERP -cuyo objetivo era la revolución socialista-, intentó
una profundización de la participación popular a través de una combinación de
lucha de masas y acciones guerrilleras guiado por la percepción de que ambas
formas de lucha se retroalimentaban mutuamente, aunque no descartaba la
posibilidad de desarrollar una política de alianzas que permitiese su
participación electoral presentando candidatos obreros y un programa antiimperialista.
Las FAR, por su parte, que en un primer momento compartieron esta idea, encontraron
que Marx era incomprensible y no tardaron en encolumnarse dentro del peronismo junto
con Montoneros y, ambas facciones, apostaron por el “socialismo nacional” entendiendo
que la clase trabajadora “no estaba todavía madura” para una acción histórica
independiente y sólo después de una experiencia con la “revolución nacional” se
podría llegar a la “madurez” para la “etapa socialista” y para la construcción
de grandes partidos socialistas de masas. Tardíamente, ambas organizaciones, ya
fusionadas, habrían de descubrir que la izquierda le producía alergia al
peronismo y emprendieron el camino del neofascismo similar al de sus enemigos:
las Fuerzas Armadas.
La
Argentina seguía siendo, en concreto, una sociedad colonial avanzada. La amplia
mayoría de su población, la dichosa y circunspecta clase media, proseguía con
su aspiración principal: la adquisición de bienes materiales o la posibilidad
de enriquecerse sin escrúpulos y al margen de los síntomas de agotamiento de la
tendencia expansiva de la economía que ya se advertían por entonces. Confiaban
en que el retorno de Perón al poder fuera también el retorno de la bonanza de
1945 tras la firma de un “pacto social” entre la cúpula de los empresarios y la
cúpula sindical, quienes se comprometieron a mantener estables los precios y
los salarios. No pasó mucho tiempo para que esa quimera se desvaneciera y la
economía entrase en la espiral de inflación y parálisis propia de las crisis clásicas.
Hasta el propio Perón pudo constatar la estructural infidelidad de sus
firmantes. Las corporaciones, tanto empresariales como sindicales, podían
ofrecer el sacrificio de su vida (“la vida por Perón” era la consigna), pero no
el de sus intereses. La mayoritaria clase media, como siempre con objetivos
políticos indefinidos y pocos ideales e invariablemente propensa a la protesta
sin participación, llevó a la presidencia a Héctor Cámpora (1909-1980) y luego llenó
la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno cuando Perón asumió el poder como
presidente en octubre de 1973 después de haberse sacado a Cámpora del camino
con una parodia de sucesión constitucional.
“Dieciocho
años después de su partida en una cañonera paraguaya, volvía a gobernar por
tercera vez en la Argentina el General Perón. Sólo pudo hacerlo durante 260
días. Ya era una viva leyenda. ‘Estoy desencarnado’ decía, ‘estoy más allá del
bien y del mal’. Todo había cambiado en tan largo lapso. El protagonista, el
país y el mundo. En lugar de aquel vigoroso sexagenario de 1955, entraba a la
Casa de Gobierno un caudillo anciano, herido de muerte en el corazón. Los
médicos le predicaban reposo y pocos disgustos”, contaba Jorge Abelardo Ramos (1921-1994),
historiador y creador de la corriente política e ideológica llamada Izquierda
Nacional, en “La era del Peronismo. 1943-1976”. Más adelante, esa misma porción
de la población aclamaría al dictador de turno cuando la Argentina ganó el
campeonato mundial de fútbol en 1978 mientras en el país se cometían
innumerables crímenes de lesa humanidad, vivaría a otro general cuando ordenó
la invasión de las Islas Malvinas y aclamaría al presidente Raúl Alfonsín (1927-2009) cuando
asumió el gobierno en diciembre de 1983. La Argentina, ya se ha dicho, seguía
siendo una sociedad colonial avanzada.
