Intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica. Una secuencia nefasta

7º parte: Los turbulentos años ‘70

El 24 de marzo de 1976 se produjo el Golpe de Estado en Argentina. Asumió el poder una dictadura militar encabezada por el Teniente General Jorge Rafael Videla (1925-2013), a quien sucedería el Teniente General Roberto E. Viola (1924-1994) en marzo de 1981, el Teniente General Leopoldo Galtieri (1926-2003) en diciembre del mismo año, y el General de División Reynaldo Bignone (1928-2018) en julio de 1982. El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, que duraría hasta diciembre de 1983, contó con la estrecha colaboración y el apoyo de los más altos niveles del poder en Washington. Los presidentes norteamericanos Gerald Ford (1913-2006), James Carter (1924) y Ronald Reagan (1911-2004) sucesivamente, apoyaron sin miramientos la sistemática campaña de delitos de lesa humanidad llevada adelante por la dictadura como los secuestros ilegales, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las torturas, el robo de bebés y la violencia sexual.
En los años siguientes Estados Unidos centró sus intervenciones en varios países de Centroamérica, una región que en los años ’80 atravesó difíciles circunstancias políticas marcadas por enfrentamientos armados en tres países. En El Salvador el conflicto confrontó al aparato represivo estatal asesorado por Estados Unidos, con las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); en Nicaragua comenzó a desarrollarse un enfrentamiento en las fronteras con Costa Rica y Honduras entre el recién constituido gobierno del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) y la “Contra”, una fuerza paramilitar compuesta por antiguos miembros de la Guardia Nacional asesorada por la CIA; y en Guatemala se revitalizó un conflicto que venía desde 1960 cuando se conformó otro frente de organizaciones guerrilleras, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que enfrentó al Ejercito Nacional (también apoyado por Estados Unidos) en los territorios mayas del norte del país.

En 1983, alrededor de siete mil soldados norteamericanos acompañados por unos pocos de Jamaica y Barbados, invadieron la isla de Granada, la que atravesaba un proceso de fuertes disputas internas entre las distintas fuerzas políticas. El pretexto de la CIA para llevar adelante la “Operation Urgent Fury” (Operación Furia Urgente) fue la construcción del Aeropuerto Internacional Punto Salinas, en Saint George, la capital de la isla, en la que participaban activamente obreros y técnicos cubanos y que, para Estados Unidos, sería utilizada como base militar soviética. Se puso fin así a un proceso de transformación social iniciado cuatro años antes que incluía el establecimiento de la educación gratuita bajo métodos pedagógicos liberadores, un nuevo sistema de atención médica apoyado por Cuba y la reducción del desempleo. Tras la invasión, la mayor parte de la economía quedó en manos privadas y la represión se mantuvo en constante aumento.

Seis años más tarde se produjo la décimo tercera invasión de Estados Unidos a Panamá. El presidente norteamericano George Herbert Bush (1924-2018) decidió castigar al ex colaborador de la CIA y valioso aliado del gobierno de Estados Unidos ante la creciente influencia de Cuba en Centroamérica, el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y el avance de las guerrillas en El Salvador, el ya citado Manuel Noriega, acusándolo de espionaje en favor de Cuba y de usar a Panamá para traficar drogas a los Estados Unidos. Una avalancha de cazabombarderos surcó el cielo panameño arrojando bombas sobre las zonas más densamente pobladas de la capital, donde había una gran cantidad de la población viviendo en caserones antiguos de madera, el aeropuerto y varias bases militares. La “Operation Just Cause” (Operación Causa Justa), tal como se la llamó, provocó que miles de soldados y civiles panameños murieran durante la guerra. A su fin, las fuerzas militares panameñas fueron disueltas y Noriega terminó siendo acusado formalmente por tráfico de drogas y excluido de la nómina de agentes de la CIA.

A comienzos de 1990 Estados Unidos intervino masivamente en el proceso electoral de Nicaragua financiando y apoyando la candidatura de Violeta Chamorro (1929), quien encabezaba la coalición Unión Nacional Opositora (UNO) buscando poner fin al período revolucionario encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 1979. Dentro de los cambios socio-económicos que había realizado el sandinismo puede mencionarse el reparto de las tierras que estaban en manos de una pequeña minoría con el fin de crear granjas cooperativas, congregando así a pequeños productores facilitándoles el acceso a créditos, herramientas e insumos. Además había implementado una campaña de alfabetización que redujo el índice de analfabetismo del 50% al 13%, e implementó planes de vacunación masiva y de educación sanitaria básica, que lograron reducir muy ostensiblemente las tasas de enfermedades y la mortalidad infantil. Todos estos programas se perdieron al ser abandonados por el gobierno liberal posrevolucionario.

El susodicho Eduardo Galeano publicaría en 1992 “Ser como ellos. El capitalismo visto desde la periferia”, una selección de artículos publicados en distintos medios de prensa. En algunos de ellos emitió sentencias tales como “los Estados Unidos pueden ejercer impunemente su función de policías del mundo. Y ya se sabe que ese país, que nunca fue invadido por nadie, tiene la vieja costumbre de invadir a los demás”. También: “El precario equilibrio del mundo, que rueda al borde del abismo, depende de la perpetuación de la injusticia. Es necesaria la miseria de muchos para que sea posible el derroche de pocos. Para que pocos sigan consumiendo de más, muchos deben seguir consumiendo de menos. Y para evitar que nadie se pase de la raya, el sistema multiplica las armas de guerra. Incapaz de combatir contra la pobreza, combate contra los pobres, mientras la cultura dominante, cultura militarizada, bendice la violencia del poder”.

Dos años después, en septiembre de 1994, por orden del presidente Bill Clinton (1946), más de veinte mil soldados norteamericanos, con el apoyo de barcos de guerra, helicópteros y buques de la Marina, invadieron Haití en el marco de la “Operación Uphold Democracy” (Operación Defender la Democracia). Esta vez el pretexto fue garantizar la transferencia del poder de la cúpula golpista encabezada por el General Raoul Cédras (1949) al presidente electo Jean Bertrand Aristide (1953), un sacerdote de la Iglesia Católica partidario de la Teología de la Liberación, quien se había convertido en el primer presidente haitiano elegido de manera democrática en la historia del país. Durante la dictadura, la policía sembró el terror en todo el país con salvajes asesinatos y los militares llevaron a cabo cientos de detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Pero eso no era lo que preocupaba al imperio del Norte. Su verdadero interés estaba centrado en la propuesta de Aristide de concederle a los Estados Unidos las privatizaciones de empresas cementeras y de telecomunicaciones y aplicar las medidas neoliberales exigidas por el FMI, cosa que hizo respaldado por el contingente de soldados estadounidenses que se quedaron en Haití hasta principios del 2000.
Después de haber atravesado todos estos contratiempos durante tantos años, los países latinoamericanos se encontraban inmersos en la última década del siglo XX tanto en profundas crisis estructurales en materia socio-económica como orgánicas en materia político-institucional. Históricamente la región presentó una distribución del ingreso muy inequitativa, pero en aquellos años el crecimiento de la desigualdad, el agravamiento de la pobreza extrema, el incremento de la precarización laboral y el retraso del pensamiento político que condujo a una supuesta ausencia de alternativas, no hicieron más que aumentar la vulnerabilidad de los ciudadanos en medio de una drástica reestructuración social. En ese ámbito, en las sociedades latinoamericanas una reorganización de tal envergadura afectó también a la política y acrecentó la insatisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de la democracia. Se puso entonces de manifiesto que cuando una democracia no cumple con lo que, tal vez ilusoriamente, se espera de ella, se genera un clima de frustración que termina por minar la credibilidad de las instituciones.

En el marco de esa crisis, en América Latina se adoptó la tendencia hacia la apertura y desregulación de los mercados. Con variantes en cuanto a la intensidad y velocidad de esos cambios, en los años ‘90 la mayoría de los países de la región se encolumnaron en la aplicación de políticas macroeconómicas que respondían a los lineamientos de las concepciones impuestas desde los Estados Unidos. El camino elegido fue el denominado “Washington Consensus” (Consenso de Washington), un paquete de fórmulas económicas neoliberales ideadas por el economista británico John Williamson (1937-2021) en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Su objetivo era, al menos en su decálogo de medidas, impulsar el crecimiento económico y la distribución equitativa para pasar del subdesarrollo a la prosperidad. Entre las medidas que recomendaba el Consenso figuraban la minimización del gasto público, los impuestos y las subvenciones, el incremento de las inversiones extranjeras, el favorecimiento a las empresas privadas y la desregulación de los precios y los despidos.
Muchos países latinoamericanos, sumidos en la deuda pública, la inflación y las crisis políticas y económicas, acataron el decálogo. Para solucionar el problema de la deuda externa, los países que se encontraban fuertemente endeudados con el tesoro estadounidense, sobre todo Argentina, Brasil, Ecuador, México y Venezuela, aceptaron el “Brady Bonds” (Plan Brady), una serie de medidas ideadas por el entonces Secretario del Tesoro de los Estados Unidos Nicholas Brady (1930) destinadas a reestructurar la deuda de los países deudores mediante la emisión de documentos financieros llamados bonos, lo cual supuestamente facilitaría la reestructuración de las deudas al disponer de préstamos que podían devolver con comodidad gracias a unos plazos más asequibles. Dichos bonos contaban con el respaldo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo ninguno de los dos planes sirvió para mejorar la situación de los países endeudados, al contrario, el subdesarrollo, la pobreza y la marginación social alcanzaron niveles negativos excepcionales.

La década de los '90 fue sin dudas el escenario de cambios que mostraron una profundidad y vertiginosidad sin precedentes. Algunos de estos cambios estuvieron fuertemente condicionados por las transformaciones ocurridas a nivel global. La caída del muro de Berlín y del bloque socialista, el nuevo orden mundial signado por la hegemonía militar de Estados Unidos y la multipolaridad económica, la creciente globalización de los mercados y el continuo avance científico-tecnológico fueron algunos de los procesos que más impactaron en la realidad socio-económica y política latinoamericana. Esos procesos tuvieron su correlato en un conjunto de transformaciones ocurridas en la región como la apertura de las economías al mercado mundial, las modificaciones de las funciones del Estado y una mayor presencia del neoliberalismo. Todas ellas fueron algunas de las transformaciones de características comunes que afectaron al conjunto de los países latinoamericanos, y ninguna de ellas produjo una evolución correlativa en las condiciones de vida de los pueblos.
De esta manera Estados Unidos se convirtió en el principal impulsor del modelo neoliberal. Su táctica consistió en destituir el poder político de la economía de los países que adhirieron a estos planes para dejarla en manos del poder de las empresas transnacionales, principalmente norteamericanas, y sus aliados locales. Ello no impidió, no obstante, su “ayuda” civil y militar en países como Venezuela, Haití, Bolivia, Honduras, Colombia y Ecuador durante los primeros años del siglo XXI con la anuencia de los presidentes George W. Bush (1946) primero, y Barack Obama (1961) después. En Venezuela intentó un golpe militar contra el presidente Hugo Chávez (1954-2013) en abril de 2002; y en Haití apoyó el golpe militar que derrocó a su antiguo aliado Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004, quien por entonces había cometido el “error” de restablecer las relaciones diplomáticas con los gobiernos de Cuba y Venezuela.