Intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica. Una secuencia nefasta

6º parte: Los convulsionados años ‘60

No fue necesario que pasase mucho tiempo para que, cuando el presidente de Brasil João Goulart (1918-1976) adoptó medidas socialistas como una reforma agraria que incluía el reparto de tierras agrícolas no utilizadas, el aumento del impuesto a la renta, nacionalización del petróleo, inversiones en el sector de la salud pública y en la educación destinadas a una campaña de alfabetización y la exigencia a las empresas multinacionales de invertir sus ganancias comerciales en Brasil, las Fuerzas Armadas, con el apoyo del presidente de Estados Unidos Lyndon Johnson (1908-1973), el Director de la CIA John Alexander McCone (1902-1991) y el embajador estadounidense en Brasil Abraham Lincoln Gordon (1913- 2009), lo derrocaron el 1 de abril de 1964 mediante un golpe militar.

Al año siguiente Estados Unidos envió miles de Marines a la República Dominicana para reprimir un movimiento popular que intentaba restaurar en el poder al derrocado presidente progresista y democráticamente electo Juan E. Bosch (1909-2001), quien había sido derrocado por un Golpe de Estado casi siete meses después de asumir la presidencia. Al asumir, Bosch había hecho una profunda reestructuración del país. Promulgó una nueva constitución que, entre otras cosas, estipulaba los derechos laborales y la libertad sindical, y se ocupaba por los sectores tradicionalmente excluidos como las mujeres embarazadas, los hijos ilegítimos, las personas sin hogar, la niñez, la familia, la juventud y los pequeños agricultores. Todo esto no hizo más enfrentarlo a los sectores tradicionalmente poderosos. Los industriales recelaban de los beneficios que la nueva Constitución otorgaba a la clase obrera y los terratenientes se opusieron a las medidas contra el latifundio. Estas disposiciones eran algo que Estados Unidos no estaba dispuesto a aceptar.
En 1966 también se entrometió enviando armas, asesores y Boinas Verdes, en el conflicto que asolaba a Guatemala, una guerra civil entre miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en contra de los grupos paramilitares llamados Escuadrones de la Muerte, los cuales durante la llamada “Operación Limpieza” se encargaban de secuestrar y asesinar a intelectuales, sindicalistas, artistas, escritores, estudiantes, docentes y cualquier otro opositor político durante la dictadura del coronel Enrique Peralta Azurdia (1908-1997). En medio de este desbarajuste el dictador llamó a elecciones, las cuales fueron ganadas por el miembro del Partido Revolucionario (PR) Julio César Méndez Montenegro (1916-1996) quien emprendió algunas tímidas reformas sociales e intentó frenar la ola de violencia, asesinatos y secuestros con la declaración del Estado de Emergencia y la restricción de libertades, pero no consiguió mayores resultados.

Ese mismo año el “Che” Guevara, creyente de que la internacionalización de la Revolución Cubana era urgente y necesaria, decidió emprender una insurrección guerrillera en Bolivia, país al que consideraba como una posición estratégica para irradiar su influencia hacia Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Según su teoría, no era necesario esperar que las condiciones sociales produjeran una insurrección popular sino que podía ser la propia acción armada la que creara las condiciones para que se desencadenara un movimiento revolucionario. En octubre de 1967 fue herido en combate y capturado por las fuerzas de la dictadura militar boliviana de René Barrientos (1919-1969), quienes contaban con el apoyo de la CIA y de un grupo de Boinas Verdes que había enviado el antes citado presidente norteamericano Lyndon Johnson para supervisar y asesorar en la persecución y la ejecución de Guevara. Tras torturarlo y cortarle las manos por orden del agente de la CIA Félix Rodríguez (1941), finalmente fue ejecutado por el sargento del ejército boliviano Mario Terán (1942-2022) el 9 de octubre de ese año.
Indudablemente la revolución cubana había constituido un severo golpe a la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica, marcó un punto de inflexión ante su política injerencista que no respetaba los principios de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos, y pasó a ser un modelo a seguir para muchos de ellos. En agosto de 1967, en La Habana se creó la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) a la que asistieron diversos movimientos de izquierda de América Latina para promocionar el establecimiento de Estados socialistas que superasen el subdesarrollo económico, social y cultural. En ese encuentro se concluyó que, en América Latina, se presentaban realidades socioeconómicas y políticas susceptibles de crear situaciones revolucionarias. Así comenzaron varios ciclos de lucha armada en el continente mediante la guerrilla rural, a la que se le sumaría después la urbana.

La muerte del Che Guevara en Bolivia y la destrucción de su movimiento guerrillero fueron un duro golpe a los partidarios de esta forma de lucha. No obstante, los focos insurreccionales fueron apareciendo en varios países de la región. Los más destacados fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) dirigidas por Carlos Olmedo (1944-1971) en Paraguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) capitaneado por Miguel Enríquez (1944-1974) en Chile, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) conducido por Guido “Inti” Peredo (1937-1969) en Bolivia, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) liderado por Raúl Sendic (1925-1989) en Uruguay y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) acaudillado por Mario “Roby” Santucho (1936-1976) en Argentina. Todos ellos fueron asesinados por las respectivas fuerzas de seguridad salvo Sendic, quien durante catorce años estuvo preso en condiciones inhumanas hasta que fue indultado estando muy enfermo. Se trasladó a París donde falleció por causa de una crisis cardíaca provocada por una dolencia neurológica. Los especialistas que lo trataron en Francia no descartaron que el origen de la enfermedad que lo llevó a la muerte radicara en los años de torturas y cautiverio que había pasado en la cárcel.
Los objetivos de estos movimientos revolucionarios eran lograr inculcar el socialismo, construyendo frentes de masas en todas las esferas sociales y clases subalternas con el propósito de agudizar las contradicciones de clase y preparar, así, la insurrección ante la inevitable resistencia que opondrían las clases dominantes. Por otro lado, con el triunfo electoral en 1970 de la Unidad Popular en Chile, que llevó a la presidencia al socialista Salvador Allende (1908-1973), se abrieron nuevas expectativas en algunos sectores de la izquierda que sostenía la vía político-electoral para llegar al poder. La democracia, a través del sufragio, parecía ser la vía mediante la cual era posible someter a los designios populares a las clases dominantes en América Latina. Esta situación generó una rápida reacción del presidente de Estados Unidos Richard Nixon (1913-1994), quien impulsó el Golpe de Estado en 1973 a manos del general Augusto Pinochet (1915-2006) apoyado por la CIA.

Lo mismo había hecho en 1971 apoyando al general Hugo Banzer (1926-2002) en Bolivia cuando éste dio un Golpe de Estado contra el general Juan José Torres (1920-1976) quien había asumido el poder en octubre de 1970 mediante un levantamiento popular con la participación de trabajadores, organizaciones campesinas, el movimiento universitario y un sector de militares leales, y adoptado una posición explícitamente antiimperialista llevando adelante medidas como la nacionalización de las minas, la reposición salarial de los mineros, la expulsión del Cuerpo de Paz Norteamericano, el incremento del presupuesto asignado a las universidades bolivianas y la creación de las Corporaciones Estatales de Desarrollo, algo también inaceptable para los intereses norteamericanos.
La década de los años ‘70 fue un momento muy particular en la historia de América Latina. Con la Guerra Fría entre el capitalismo estadounidense y el pseudocomunismo soviético como trasfondo, en medio de álgidos debates ideológicos y el crecimiento de las pujas políticas, gran parte de una generación abrazó las armas y emprendió la guerra de guerrillas, lo que dio pié al nacimiento de cruentas dictaduras militares coordinadas en toda la región. Mientras todo eso ocurría, el escritor uruguayo Eduardo Galeano  (1940-2015) escribió una obra incisiva y extensa en la que realizó con minuciosidad un recorrido histórico desde la colonización europea de América hasta la América Latina contemporánea. En “Las venas abiertas de América Latina” se refirió al constante saqueo de los recursos naturales de la región por parte de los imperios coloniales, no sólo europeos sino también los de Estados Unidos.
Las denuncias sobre el colonialismo y el imperialismo que relató en su libro cobrarían una actualidad inmensa cuando Estados Unidos, durante la segunda mitad de esa década, implantó el Plan Cóndor en América Latina, mediante el cual se persiguió a opositores, se reprimió ilegalmente y se masacró a una parte de la población. Entre muchas otras cosas afirmó que “cada vez que Estados Unidos salva a un pueblo, lo deja convertido en un manicomio o en un cementerio”, o “ahora América es, para el mundo, nada más que los Estados Unidos: nosotros habitamos, a lo sumo, una sub América, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la región de las venas abiertas”. Ese recuento exaltado, conmovedor, de la piratería que arrasó al continente latinoamericano hizo que el libro fuera censurado, no sólo en Uruguay, sino también en Chile y en Argentina por sus respectivas dictaduras.

No fueron pocos los escritores que en sus obras exploraron las causas y consecuencias de las desigualdades en las sociedades capitalistas latinoamericanas de entonces. El mexicano Juan Rulfo (1917-1986) publicó el libro de cuentos “El llano en llamas”, relatos en los que expresivamente habló sobre la realidad de los campesinos de su tierra; y en la novela “Pedro Páramo” exploró la naturaleza y la condición humana en un contexto de pobreza y opresión en el México rural. Por su parte el peruano Manuel Scorza (1928-1983), de orígenes familiares indígenas, en sus novelas “Redoble por Rancas” y “El jinete insomne” reveló las tensiones sociales que se generaban por las políticas desarrollada por los gobiernos de turno. La explotación de los indios y la posesión de la tierra por la oligarquía terrateniente configuraban una realidad que había sido pasada por alto incluso por ciertos sectores de la izquierda latinoamericana.
Unos años antes, el chileno Nicomedes Guzmán (1914-1964) lo había hecho en “Los hombres oscuros”, “La sangre y la esperanza” y “Donde nace el alba”, novelas en las que reveló la vida de las clases sociales chilenas más pobres afectadas por la injusticia social, la explotación de trabajadores, la vida miserable de los suburbios, la degradación moral en la pobreza y la corrupción en el poder. Más adelante lo haría el escritor chileno Luis Sepúlveda (1949-2020), quien en las novelas “Nombre de torero” y “El fin de la historia” hizo que sus protagonistas hicieran todo lo posible por combatir a quienes defendían la amnesia como razón de Estado, como se quiso hacer en Chile, e indagó sobre los verdugos que apoyaron y trabajaron para la dictadura, inmiscuyéndose así en los terribles años que él había vivido en primera persona.

No pasaría mucho tiempo hasta que, en noviembre de 1975, los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay fundaran el “Plan Cóndor”, una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por Estados Unidos​ bajo el mando del presidente Gerald Ford (1913-2006) que incluía operaciones de inteligencia, el aniquilamiento de la generación revolucionaria y el asesinato de opositores para salvaguardar la “seguridad nacional” y reestructurar las sociedades en base a la doctrina neoliberal. Para llevarlo adelante se creó una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan, se identificó y atacó a los considerados enemigos políticos a nivel regional y se realizaron operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países tanto de América como de Europa. Las computadoras para almacenar toda esa información fueron suministradas por la CIA ya que ningún otro país del continente disponía de la tecnología suficiente para hacerlo.
Por entonces el Director de la CIA, William Colby (1920-1996), declaraba sin empacho que “los Estados Unidos de América tienen el derecho de actuar ilegalmente en cualquier país del mundo, investigar y llevar a cabo operaciones e intromisiones en asuntos internos”. El diseño criminal de este plan provino del asesoramiento personal del Secretario de Estado Henry Kissinger (1923), del FBI, la CIA e Interpol, y contó el visto bueno del Pentágono y la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos. En su organización y puesta en práctica se utilizaron grupos ya existentes como el “Esquadrão da Morte” (Escuadrón de la Muerte) de Brasil, al mando del Detective de la Policía Mariel Mariscöt (1940-1981) y la “Alianza Anticomunista Argentina” (Triple A) organizada por José López Rega (1916-1989),  Ministro de Bienestar Social y secretario privado del General Juan D. Perón (1895-1974).