8º parte: Estados Unidos “tiene mucho que hacer”
Poco después, entre agosto y octubre de 2008, planificó y promocionó en Bolivia un proceso de enfrentamientos internos y actos de desobediencia civil y política que buscaba derrocar al presidente Evo Morales (1959), quien finalmente logró abortar el Golpe militar que amenazaba la democracia del país. Al mes siguiente, en Honduras, sectores opositores apoyados por Estados Unidos iniciaron una crisis política que culminaría en junio de 2009 con el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya (1952) y la instalación -mediante elecciones “libres”- de Porfirio Lobo (1947) como Jefe de Estado, quien fue reconocido por Washington inmediatamente. Pocos meses más tarde, en octubre de 2009, con la complicidad del presidente Álvaro Uribe (1952) instaló cinco bases militares en Colombia. Luego, en septiembre de 2010, una supuesta revuelta policial contra una ley salarial fue la excusa para impulsar en Ecuador un Golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa (1963), que finalmente fracasó. Correa había cometido la osadía de implementar un proyecto político y socioeconómico llamado “Revolución Ciudadana” con el objetivo de lograr gradualmente la construcción socialista de la sociedad ecuatoriana.
No fue menor la intervención injerencista estadounidense durante la segunda década del presente siglo. En 2012, en Paraguay, el presidente Fernando Lugo (1951) fue destituido por medio de un controvertido juicio político. Fue el primer Golpe parlamentario en la región efectuado bajo la figura del “lawfare” (guerra judicial), esto es el uso político del sistema judicial para lograr erosionar el poder de los políticos progresistas, que fue impulsado por la derecha paraguaya y apoyado por Estados Unidos. Al año siguiente, en Venezuela, cuando Nicolás Maduro (1962) resultó electo Presidente, la oposición organizada por la embajada norteamericana promovió una guerra económica y un asedio político contra el sucesor del mencionado Chávez. Así, quien proponía continuar con la “ola progresista” de su antecesor, se vio envuelto en una crisis que afectó los ámbitos institucionales, políticos y sociales.
El “lawfare” fue utilizado nuevamente en 2016, en este caso para destituir a la presidenta de Brasil Dilma Rousseff (1947). Tras el espionaje diplomático y económico por parte de Estados Unidos y frente a las denuncias y procesos por corrupción durante su gobierno, se fraguó un Golpe parlamentario y se instaló en el poder a Michel Temer (1940). Y al año siguiente el ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva (1945), tras un juicio sin las garantías debidas y viciado en todas las acciones procesales, fue condenado por corrupción a doce años de prisión. El “lawfare”, una vez más, fue orquestado por Estados Unidos para que las elecciones fueran ganadas por el derechista Jair Bolsonaro (1955). Luego de algo más de un año y medio de detención, Lula sería liberado por orden de la Corte Suprema.
En 2018 el presidente ecuatoriano Lenin Moreno (1953) adquirió de manos del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence (1959) equipamiento militar y acordó el entrenamiento de las fuerzas de seguridad de su país por personal estadounidense, a la vez que permitió el uso del aeropuerto de las islas Galápagos para maniobra de aviones militares de Estados Unidos. Ese mismo año un operativo terrorista intentó asesinar al presidente venezolano Maduro. El frustrado complot fue orquestado por la oligarquía y grupos ultraderechistas colombianos apoyados por Estados Unidos, quien refugió a varios terroristas solicitados de extradición por la justicia venezolana. Luego, con la aquiescencia del por entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump (1946), fue nombrado como Presidente “encargado” de Venezuela el legislador Juan Guaidó (1983). Poco después, en una reunión en la Casa Blanca Trump le preguntó a Guaidó: “¿Qué pasaría si el Ejército estadounidense bajara y se deshiciera de Maduro?”, a lo que éste respondió: “Por supuesto nosotros siempre daremos la bienvenida a la ayuda de Estados Unidos”. Cuando se le preguntó si los venezolanos estarían dispuestos a “organizarse, formarse y combatir” porque “el Ejército estadounidense tenía experiencia en formar a fuerzas extranjeras”, contestó: “Sí, lo estaría”.
En noviembre de 2019, mediante un Golpe cívico-militar fue derrocado en Bolivia el presidente Morales acusado de haber fraguado el resultado de las elecciones. Después de varias semanas de incidentes por parte de la derecha boliviana, con el apoyo nacional de las Fuerzas Armadas y la Policía, e internacional de Estados Unidos, presentó su renuncia y fue sustituido interinamente sin quórum parlamentario por la senadora de la oposición Jeanine Añez (1967). Y en diciembre de 2022 fue destituido el presidente de Perú Pedro Castillo (1969), quien desde el inicio de su mandato había sido hostigado por la élite peruana y los grupos económicos transnacionales. Fue reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte (1962) quien, tras reprimir al pueblo causando más de doscientas muertes, fue reconocida por Estados Unidos.
Puede afirmarse que durante el transcurso de las primeras décadas del siglo XXI, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, si bien tuvieron una cierta continuidad con la época precedente, mostraron nuevas realidades. En comparación con lo que ocurría durante los siglos anteriores, la relación se basó menos en la geopolítica y la seguridad nacional y pasaron a concentrarse específicamente en cuestiones de comercio, finanzas, energía y recursos naturales. En un contexto mundial y continental marcado por el ascenso de China y su proyección de poder e influencia, para el gobierno de Estados Unidos la región a la que llamaban el “patio trasero” estadounidense, debido a las políticas implementadas desde Beijing a lo largo y ancho de América Latina, estaban sustituyendo la “Doctrina Monroe” por la “Doctrina Mao”, lo cual era una amenaza a la “paz y la seguridad” del imperio norteamericano.
Los tratados de libre comercio de China con varios países sudamericanos cobraron una gran relevancia, convirtiéndose claramente así en el mayor competidor de Estados Unidos en el plano comercial. Los países de América del Sur comenzaron a exportar materias primas a China y a importar bienes manufacturados de ese país en una clara relación centro-periferia. De ese modo quedaron bastante relegados acuerdos multilaterales entre los países latinoamericanos creados en los últimos años del siglo anterior como el Mercado Común del Sur (Mercosur), fundado en 1991. Como respuesta, en un contexto de pérdida de soberanía y de posición hegemónica, Estados Unidos impulsó un ambicioso plan de libre comercio llamado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que incluía a todos los países americanos desde Canadá hasta Argentina salvo Cuba. Sin embargo el proyecto virtualmente desapareció en la práctica de la agenda política regional en 2005.
En 2006 las cinco economías nacionales emergentes que en la primera década del siglo XXI eran las más prometedoras del mundo conformaron una asociación política y económica con el nombre BRICS, utilizando las iniciales de los países miembros: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Para Estados Unidos esto implicó un problema ya que los integrantes de dicho bloque comercian entre ellos utilizando sus propias monedas y no el dólar. Cuando en agosto de 2023 se anunció la incorporación desde el 1 de enero de 2024 de Arabia Saudita, Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán, el presidente Joseph “Joe” Biden (1942) por medio de un portavoz del Departamento de Estado, señaló diplomáticamente que los países podían elegir los socios y grupos con los que quisieran asociarse. Sin embargo, el despliegue generado por los BRICS motivó la reacción negativa de las potencias occidentales. Fue así que otro portavoz declaró: “Estados Unidos está observando los movimientos en América Latina, y sobre los BRICS no será la excepción, no le gusta la idea de su expansión en América Latina”.
Tal vez por esa razón, en enero de 2023 la jefa del Comando Sur de Estados Unidos Laura Richardson (1963) viajó a Argentina y Chile, visitando principalmente el Estrecho de Magallanes de cara a la Antártida, donde el gobierno argentino impulsó un Polo Logístico Antártico con la posibilidad de que participen capitales chinos y rusos. El Comando Sur (“SouthCom”) es una unidad del Pentágono que fue diseñada para defender los intereses de Estados Unidos en la región. Controla las setenta y seis bases de Estados Unidos en América Latina, y proporciona entrenamiento, inteligencia y coordinación militar a todas las fuerzas armadas regionales bajo las recomendaciones del Departamento de Estado. También encaró una nueva ofensiva buscando detener la construcción de la cuarta central atómica argentina con tecnología china. Durante su estadía lanzó una “advertencia” sobre los riesgos y la “inconveniencia” de asociarse con China en materia nuclear y recalcó el “interés de Washington en lograr la cooperación de Argentina”.
Otro de los temas de su agenda fueron los recursos naturales estratégicos que abundan en Sudamérica como el litio, el cobre, el petróleo y el agua dulce, recursos todos ellos que forman parte de la “estrategia de seguridad” estadounidense en la región. En un claro rol injerencista declaró en varios medios de prensa que Estados Unidos “tiene mucho que hacer” sobre el Triángulo del Litio de Argentina, Chile y Bolivia, las reservas de petróleo, cobre y oro de Venezuela, el petróleo crudo de Guyana, los bosques de la Amazonia y el 31% del agua dulce del mundo. Ya en marzo de 2022, en una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense, había señalado que “nuestro vecindario compartido está siendo atacado por una serie de desafíos transfronterizos transversales que amenazan directamente a nuestra patria. Esto aún es verdad hoy y es un llamado a la acción. El mundo está en un punto de inflexión. Nuestros países aliados en Latinoamérica con los que estamos unidos por el comercio, valores compartidos, tradiciones democráticas y lazos familiares están sintiendo el impacto de interferencia externa y coerción. La República Popular de China continúa expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica y militar en Latinoamérica y el Caribe”.
Como quiera que sea, lo cierto es que en la actualidad la región está gobernada por insulsos regímenes democráticos que no generaron cambios perceptibles en las condiciones de vida de las grandes mayorías y, por variadas y complejas razones, no han hecho más que llevar a sus respectivos pueblos a un cuadro de desencanto democrático. Los gobiernos, parlamentos y partidos políticos son calificados pobremente por las sociedades, generando un proceso de creciente abstención en las elecciones y una pérdida de legitimidad de su desempeño. Paralelamente, la región se ha hecho aún más pobre y desigual, acentuando sus peores rasgos históricos. Según las cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), casi la mitad de los habitantes de América Latina hoy son pobres. A la par, se ha mantenido o reforzado la desigualdad. América Latina es desde tiempos remotos la región con menos equidad en el mundo en desarrollo. Y ese rasgo se reforzó por los efectos negativos del proceso de globalización y las carencias de recursos públicos originadas por los programas de ajuste inspirados por el FMI, que han reducido los fondos destinados a políticas sociales.
Allá por 1970 el economista y sociólogo alemán André Gunder Frank (1929-2005) en su ensayo “Lumpenbourgeoisie: lumpendevelopment. Dependence, class and politics in Latin America”. (Lumpenburguesía: lumpendesarrollo. Dependencia, clase y política en Latinoamérica) hizo un esbozo de la historia latinoamericana criticando el rol desempeñado por los países hegemónicos a lo largo de la historia de América Latina. Primero el Imperio español, luego Inglaterra, para pasar finalmente a señalar a los Estados Unidos de América. En palabras de Frank, el mundo estaba dividido en “centro” y “periferia”, o sea, países dominantes y países subdesarrollos, lo cual fue originado por el sistema capitalista. La relación entre metrópoli y periferia estuvo vinculada por un mercado que sólo sirvió para el enriquecimiento del “centro” a costa del empobrecimiento de la “periferia”.
Ese mismo año, el sociólogo, economista y profesor universitario brasileño Theotônio dos Santos (1936-2018) publicaba “A teoria da dependencia. Balanço e perspectivas” (La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas), obra en la cual explicó que los efectos de la inversión extranjera sobre la estructura de la economía latinoamericana generaba la formación de corporaciones filiales de empresas norteamericanas y europeas, conducidas bajo parámetros monopólicos y explotadores. En su teoría de la dependencia especificó que la relación predominante entre los países del primer y tercer mundo, entre las economías centrales autosuficientes y prósperas y las economías periféricas, aisladas, débiles y poco competitivas, al contrario del supuesto de la teoría económica neoclásica de que el comercio internacional beneficia a todos los participantes, sólo son las economías centrales las que se favorecen.
La situación actual de Latinoamérica desde el punto de vista de su inserción internacional está indudablemente condicionada por la ofensiva de los capitales, ya sean estadounidenses, chinos, franceses o de donde sean, para instaurar un modelo de acumulación que les permita aumentar la tasa de ganancia. En ese contexto, muchos de los gobiernos populistas de la región intentan impulsar el desarrollo económico y un estado de bienestar destacando el papel protagónico del Estado, pero siempre sucumben ante el papel dominante que juega Estados Unidos mediante los usurarios créditos que da el FMI con el propósito de “dar a los países un respiro para que puedan ajustar sus políticas de manera ordenada, lo que sentará las bases de una economía estable y un crecimiento sostenible”. Una patraña más entre las tantas que viene soportando la región desde hace cientos de años.
