Maristella Svampa (1961)
es una socióloga, investigadora y escritora argentina reconocida por su
trayectoria en el abordaje de temáticas como la crisis socioecológica, la
intersección entre salud, género y medio ambiente, los movimientos sociales y
la acción colectiva para abrir debates teóricos y políticos desde una
perspectiva crítica. En 1984 obtuvo su licenciatura en Filosofía en la
Universidad Nacional de Córdoba. Luego, en 1988, obtuvo el Diploma de Estudios
Avanzados en Filosofía en la Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Universidad
París 1 Panteón-Sorbona) y el Diploma de Estudios Avanzados en Historia en la École
des Hautes Études en Sciences Sociales (Escuela de Estudios Superiores en
Ciencias Sociales). En esta última también obtuvo en 1992 el doctorado en
Sociología. Se ha desempeñado como coordinadora del Instituto de Ciencias de la
Universidad Nacional de General Sarmiento -ubicada en la ciudad de Los
Polvorines al noroeste del Gran Buenos Aires- y del Observatorio Social de América
Latina (OSAL), una asociación civil sin fines de lucro integrante del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Trabaja como Investigadora
Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
con sede en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de
Izquierda (CeDInCI), y es Profesora Titular de Teoría Social Latinoamericana en
la Universidad Nacional de La Plata. Ha publicado numerosos artículos tanto en
medios periodísticos tradicionales como digitales entre los que se pueden
mencionar “Voces en el fénix”, “Nueva Sociedad”, “Cuestiones de Sociología”, “Ensambles”,
“Acción”, “Anfibia” y “Topía” de Argentina; “Encartes”
de México; “Utopía y praxis latinoamericana” de Venezuela; “América Latina en Movimiento”
de Uruguay; “Journal für Entwicklungspolitik” de Austria, e internacionales
como “Le Monde Diplomatique” y “OneWorld Perspectives”.
Por ejemplo, en la revista
“Nueva Sociedad” nº 319 de septiembre/octubre de 2025 publicó uno titulado “Extremas
derechas: entre el negacionismo y el ecofascismo”, en el cual, entre otros
conceptos expresó: “Las extremas derechas han sido un elemento fundamental del
crecimiento del negacionismo climático. Con la llegada al poder de Donald Trump
en 2017 arrancó una segunda ola negacionista, que ya no se limita a ‘think
tanks’ sino que se sostiene en los gobiernos. Pero en las derechas radicales se
encuentran también estrategias ‘retardistas’ -que no niegan el cambio climático
pero buscan frenar las acciones en su contra-, e incluso diversas expresiones
de ‘ecofascismo’. Estas manifestaciones ecofascistas retoman la teoría
complotista del reemplazo poblacional, tan en boga en Europa, y suponen una
adaptación de la problemática ambiental en términos de nacionalización, negando
sus rasgos globales y su conexión con la dinámica capitalista”. Lo que sigue a
continuación es la primera parte del compilado de entrevistas publicadas en la
revista digital “Límbica” el 20 de diciembre de 2025 y en la revista “Ñ” nº
1112 el 3 de enero de 2026.
Para empezar, ¿cómo querés
presentarte?
Soy patagónica, argentina
y latinoamericana. Estudié filosofía, sociología, trabajo
interdisciplinariamente y con distintos tipos de escritura. Escribí muchos
libros de investigación, pero también novelas que mayormente se sitúan en la
Patagonia. Tengo una vocación anfibia, es decir, creo que la academia debe
potenciarse y articularse con otros saberes, otras realidades, otros mundos.
Trabajo colectivamente en diferentes instancias como el Pacto Ecosocial del Sur
a nivel latinoamericano, el Equipo Transiciones a nivel nacional, también con
abogados ambientalistas y con el colectivo Mira Socioambiental. Mi último libro
es “Policrisis, Cómo afrontar o cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas
y el avance de las extremas derechas”.
Referís en distintos
textos y entrevistas, que estamos ante un escenario de crisis múltiple, o
“policrisis civilizatoria”. ¿Cuáles serían los aspectos que la caracterizan?
Desde mi perspectiva,
hemos pasado de la extraordinaria crisis marcada por el COVID-19 en 2020 a una
policrisis civilizatoria que abarca numerosas crisis entrelazadas. Hablamos así
de la aceleración de la crisis climática y la crisis energética, el incremento
de las desigualdades sociales -que aumentaron aún más después de la pandemia,
mostrando hasta qué punto este es un mundo de superricos-. También el
incremento de los conflictos bélicos e inclusive el peligro de una guerra
nuclear, el peligro de nuevas pandemias en el marco de una globalización
descontrolada, también el peligro de otra de las peores distopías que es el
avance descontrolado de la inteligencia artificial, y por supuesto, la
expansión de las extremas derechas y la erosión de los marcos democráticos.
Entonces, no es que estas crisis se den de manera aislada, y esta articulación
o entrelazamiento explica o puede conducir a una escalada que genere realmente
escenarios de mucha incertidumbre. Ese es el concepto de policrisis
civilizatoria que yo tomo en un sentido más radical y que le da el título a mi
último libro publicado recientemente por siglo XXI. En este marco, es
importante subrayar que uno puede hacer un abordaje de la policrisis siempre y
cuando tenga en cuenta también que lo social y lo ambiental no pueden ser
considerados de manera separada. Y que ante este escenario de colapso
generalizado es necesario pensar en términos de régimen socioecológico, de
cambio de régimen socioecológico en un marco de transición.
En particular en
Argentina, ¿cuáles son los conflictos más urgentes que enfrentamos a nivel
ambiental ante el avance de la derecha radical?
La Argentina es claramente
un laboratorio en este escenario de policrisis civilizatoria, donde las
extremas derechas avanzan con una política de desregulación, de supresión de
derechos y de colonización de los territorios. El impacto del Régimen de
Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) supone una mayor explotación y desprotección
de nuestros bienes públicos naturales. No es que no hubiera extractivismo en la
Argentina, todos sabemos que sí. Hay una suerte de consenso extractivo
exportador. Pero el RIGI ha venido a acelerar y multiplicar a gran escala los
proyectos de minería, las inversiones en Vaca Muerta -cuando hablo de minería,
hablo no sólo de la minería metálica a cielo abierto, sino también de la
minería de litio-, además de proyectos de privatización de grandes represas
como la concesión, aunque fallida por el momento, del río Paraná como hidrovía.
La verdad es que son muchos los conflictos que se abren en la Argentina, e
insisto, el RIGI es la llave mayor de este gobierno. Realizamos un informe
analizando el primer año y medio del gobierno de Milei con la Asociación Argentina
de Abogados Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial
(CAJE). Y realmente el detalle de esta regresión, de este retroceso, implica el
desmantelamiento, la modificación, la derogación de normativas ligadas al
cambio climático, la protección ambiental, la reducción de las desigualdades y
la participación democrática. Todo eso se ve muy afectado, sobre todo en las
provincias. Los gobernadores se han subido al discurso libertario, se han
envalentonado y muchos de ellos que se sentían impedidos -como en Mendoza o en
Río Negro debido a la solidez y potencia de las resistencias ambientales- hoy
avanzan en los territorios, criminalizan a las organizaciones y activistas
socioambientales. Porque además de contar con el RIGI, cuentan con un
dispositivo represivo que conlleva una militarización de los territorios y una
criminalización mayor de la protesta. Entonces, es un conjunto; no podría decir
que hay una dimensión u otra más amenazada. El informe que hemos realizado
tiene más de sesenta páginas, es absolutamente contundente, muestra con
seriedad cómo lo que está en juego es la democracia y la sostenibilidad
socioambiental del país.
¿Cuál sería el impacto en
la salud de las personas?
Tengamos en cuenta que,
como producto de la aceleración del cambio climático, se producen cada vez más
eventos extremos como pueden ser olas de calor, incendios, tornados,
inundaciones. Yo los llamo colapsos climáticos localizados, para los cuales una
sociedad tiene que prepararse en términos de adaptación porque impactan no sólo
en los territorios, convirtiéndolos en una zona de desastre como ocurrió en
Bahía Blanca -en un par de horas- sino también sobre la salud de las personas
humanas y no humanas. En ese sentido, el gobierno de Milei ha estado desmantelando
organismos públicos que apuntaban a la protección ambiental y a la intervención
en el marco de estas emergencias, como la Dirección Nacional de Emergencia,
donde sus cuatrocientos ochenta y cinco empleados fueron cesanteados tres días
antes de que ocurriera la inundación ahí en Bahía Blanca. Al mismo tiempo, el
gobierno vetó la ley de ayuda a Bahía Blanca a raíz de lo que sucedió con las
inundaciones. Entonces, efectivamente todo lo que tiene que ver con el
desmantelamiento de normativas, leyes, vaciamiento de organismos públicos
direccionados a mitigar o adaptarse al cambio climático y sus derivaciones todo
eso impacta fuertemente en la salud. Ni que hablar de que efectivamente la
salud pública está siendo desmantelada a través de la reforma ultra neoliberal
que se propone el gobierno.
Desde tu mirada, ¿Cómo
impacta este contexto en los movimientos sociales feministas y eco
territoriales del Sur?
La Ley de Bases, que
otorgó Facultades Extraordinarias a Milei hasta julio de este año, viene
acompañada por un protocolo antiprotesta que aplica el Ministerio de Seguridad
de la mano de Patricia Bullrich, que apunta al disciplinamiento de la sociedad,
a generar miedo y a disuadir a potenciales manifestantes. No sólo por la fuerte
represión sobre ellos, sino por los procesos de criminalización que se generan.
De hecho, en el marco del protocolo antiprotesta ha habido en las provincias,
con el avance del extractivismo en todos sus formatos, numerosos casos de
criminalización. Hubo una detención arbitraria de defensores ambientales que
protestaban contra la explotación hidrocarburífera en el mar, alejado de la
costa, en Camet Norte en la Provincia de Buenos Aires. Hubo detenciones y
allanamientos en Mendoza, continúa la persecución al pueblo Mapuche Tehuelche
en Chubut, también encontramos la criminalización en El Bolsón, en Río Negro,
en el marco de los grandes incendios, o juicios a ambientalistas en Chubut que
fueron condenados. No olvidemos que hay un plan de inteligencia al cual accedió
la revista “Crisis”, que ha sido difundido y denunciado. El plan de
inteligencia nacional 2025, describe como objetivo de la Secretaría de
Inteligencia de Estado (SIDE) al movimiento socioambiental. El objetivo del
plan alcanza incluso a aquellos que propicien un cambio de matriz energética,
algo que en realidad es una obligación nacional e internacional establecida por
el Acuerdo de París. Por supuesto, tiene como objeto de inteligencia las
comunidades indígenas e incluye a la totalidad del espacio socioambiental en
donde hay organizaciones, colectivos, activistas, referentes académicos,
periodistas, científicos, que son el blanco del servicio de inteligencia sólo
por promover mínimas acciones que se realizan pacíficamente en el marco de la
defensa de nuestros bienes comunes. Entonces, realmente es muy peligroso el
dispositivo de espionaje puesto en marcha, lo que pone de manifiesto la
importancia de la continuidad del modelo extractivo exportador que busca
violentar cualquier proceso de organización ciudadana que cuestione la
viabilidad social y ambiental de esos megaproyectos.
Desde el Pacto Ecosocial Intercultural
del Sur hablan de Estado ecosocial, ¿podrías explicar un poco esta idea?
Bueno, a ver, desde el
Pacto Ecosocial Intercultural del Sur nos proponemos elaborar una hoja de ruta
integral en términos de transición ecosocial. Esto quiere decir que esto abarca
no sólo la transición energética sino también una transición productiva,
cultural, una transición urbana. En esa línea consideramos que la base misma de
una transición ecosocial tiene que ser el reconocimiento de la
interdependencia, de la complementariedad, podríamos decir, la consolidación de
una sociedad del cuidado, que viene asociada también a un Estado ecosocial.
Proponemos la idea de que en el marco de la policrisis civilizatoria no
necesitamos menos Estado sino más Estado. Pero no cualquier Estado, sino un
Estado ecosocial que incorpore los riesgos sociales y ambientales que
atraviesan nuestras sociedades y el planeta todo. En esa línea hemos venido
trabajando desde el equipo Transiciones de Argentina la noción de Estado
ecosocial que viene propuesta sobre todo por Rubén Novol, que es uno de los
economistas que forma parte de este equipo. Para decirlo de manera más
sencilla, consideramos que la creación de un Estado ecosocial es fundamental
para asumir los grandes desafíos que plantea una transición ecosocial. El
mercado no va a hacerla, evidentemente todo lo que vemos en función del mercado
apunta a una mayor mercantilización y destrucción de nuestros bienes comunes,
pero tampoco la sociedad autoorganizada puede llevarla a cabo por sí sola.
Entonces es en ese espacio de articulación entre un Estado ecosocial y lo
público no estatal, a través de la sociedad autoorganizada que se gestan nuevos
horizontes de transición ecosocial. Al hablar de Estado ecosocial estamos
hablando de darle un lugar fundamental a los cuidados, y por supuesto de llevar
a cabo una reforma tributaria integral que resuelva los problemas de las
desigualdades que viene arrastrando nuestro continente, el sur global y nuestro
país en particular. Las asimetrías, también cuando hablamos de cuestiones
ambientales, son también de índole social, no solamente geopolítica. Lo que
vemos es que son los sectores súper ricos de las sociedades, sea del norte, sea
del sur, los que efectivamente consumen más y destruyen el planeta. Entonces,
claramente una reforma tributaria que apunte a la redistribución de la riqueza
y que, por otro lado, desde un Estado ecosocial, apunte a la reducción de los
consumos de los sectores más ricos, nos parece absolutamente fundamental. No
hay posibilidad de pensar la transición ecosocial si no articulamos justicia
social con justicia ambiental, y sin duda el rol del Estado ecosocial es
fundamental para ello.
Quienes hacemos “Límbica”
creemos que es posible una praxis del cuidado que desafíe las lógicas del
capital. ¿Cómo sostenemos la apuesta por la igualdad en un mundo donde parece
legitimarse la desigualdad y la ausencia del Estado como garante de derechos?
¿Emergen en estos momentos nuevas prácticas de cuidado?
Por supuesto que hay
numerosas expresiones desde abajo que apuntan a otras narrativas, narrativas
relacionales contrahegemónicas que expresan otras formas de habitar el
territorio, otros lenguajes de valoración que dan cuenta además de otros
vínculos de interdependencia, de complementariedad en el marco de una acción
colectiva. Y en esa línea uno podría destacar, por un lado, los movimientos
ecofeministas que se están expandiendo en todo el sur global y muy
particularmente en América Latina. Lo que yo llamo los feminismos
ecoterritoriales del sur, que se expresan no solamente en la lucha contra los
neoextractivismos sino también desarrollando experiencias de agroecología. Por
ejemplo, pienso en el caso de La Verdecita en Santa Fe, también están aquellas
que desarrollan viejos oficios en el marco de la crisis ecológica, como las
mujeres que se convierten en brigadistas forestales. En Córdoba existe un
colectivo de mujeres en las Sierras Chicas, Las Fuegas, que son mujeres que
combaten los incendios, que entran y salen del fuego construyendo comunidad. No
es solamente el combate contra el fuego en sí mismo, sino que también recogen
semillas, cuentan historias, hacen un trabajo con la comunidad luego de los
incendios. Han elaborado, por ejemplo, un nuevo protocolo de intervención que
apunta a despatriarcalizar el lenguaje de los brigadistas forestales. Hay
numerosas experiencias ligadas a la transición energética. En Colombia, de
hecho, el gobierno impulsa los proyectos comunitarios ligados a la transición
energética que, desde abajo y con un carácter muy local, implican una mayor
autonomía y participación de la comunidad. Bueno, esto para dar cuenta de que
efectivamente existen muchas experiencias faro en América Latina. Pero por
supuesto también somos conscientes de la dificultad de escalar estos ejemplos
que son absolutamente necesarios para pensar una transición, podríamos decir, a
gran escala. Desde mi punto de vista es fundamental tener en cuenta, y esto lo
desarrollo bastante en mi nuevo libro “Policrisis”, que estas experiencias
desde abajo muestran también que es posible construir un régimen de afectividad
diferente al que está planteando la extrema derecha. Un régimen que está basado
no sólo en la indiferencia, sino en la crueldad, en el sufrimiento de los más
vulnerables, y que plantea además un distanciamiento mayor entre los seres
humanos y, por supuesto, entre humanos y no humanos. Entonces claramente ese
régimen de afectividad que plantea la extrema derecha es un régimen de
destrucción y de separación, mientras que los nuevos lenguajes de valoración y
las prácticas que ponen en movimiento los movimientos sociales, los feminismos
ecoterritoriales y también los pueblos originarios, incluyen otra afectividad,
una afectividad ambiental que apunta a la cooperación, a la solidaridad y la
interdependencia. Estos son los puntos de partida para pensar la sostenibilidad
social y ambiental.
