Dentro del
contexto de la privatización y desnacionalización de la infraestructura y las
arcas públicas del Sur en beneficio de algunas bien identificables
multinacionales del Norte, cabe señalar -afirma John Saxe
Fernández- "que al fomentar el espíritu empresarial en la Universidad, el
BM está de fondo proponiendo la reducción del escaso poder que le queda a la
academia y a los científicos en la definición de los planes de estudios y la
agenda de desarrollo científico y tecnológico. Ahora es el 'mercado' el que
decide sin importar si hay un divorcio entre los problemas que afectan a
nuestros pueblos y las agendas nacionales de desarrollo
científico-tecnológico". "En este panorama -agrega- conviene
puntualizar que la sabiduría convencional, como la del BM, está constantemente
usando un código lingüístico para encubrir los actores que están detrás de las
denominadas 'fuerzas del mercado' y el negocio que ésas están haciendo. Como lo
ha indicado James Petras, el 'mercado' no demanda ni exige, son las cúpulas de
los organismos financieros como el BM, los capitalistas, los ejecutivos
empresariales, los que lo hacen". Según el BM, "una gran
confianza en las señales del mercado proporciona un cambio en la operatividad
del poder de toma de decisiones no sólo desde el gobierno, pero también desde
las instituciones de educación superior -y especialmente en la academia- hacia
el consumidor o cliente, sea estudiante, empresa o el público en general".
Esto debe ser visto como la campaña del BM contra la Universidad tradicional y
el supuesto "exceso de poder del profesorado" con la meta final de
mercantilizar la educación superior bajo la argumentación de "la búsqueda
de la calidad y la eficiencia". Para lograr la mencionada calidad y
eficiencia de la educación superior, el BM asegura que se requiere "una
gran productividad", puntualizando que "el principal problema de
productividad en la educación superior se debe no tanto a los costos excesivos
(sic) sino al insuficiente aprendizaje". "Por lo tanto -afirma Saxe
Fernández- el siguiente paso, según el BM, es comprometer el presupuesto de las
universidades a la evaluación, comercialmente verificable, de su rendimiento.
Ello supone mediciones en base indicadores estandarizados que se enfoquen en
criterios de interés para el 'mercado', es decir, primordialmente de los
requerimientos del empresariado nacional y extranjero". Irónicamente,
mientras la crisis económica se recrudece y los salarios disminuyen hasta un
punto insostenible, la tendencia de privatizar la educación superior está
reduciendo dramáticamente la matrícula porque las opciones públicas se están
convirtiendo en opciones limitadas. Al colocar a las instituciones privadas
como la alternativa restante, la educación superior está trocando en mercancía
que sólo puede ser adquirida por la clase alta y parcialmente por la clase
media. Es un escenario en el que el sistema de evaluación estandarizado puede
ser comprendido mejor porque claramente responde a la necesidad capitalista de
clasificar jerárquicamente a la fuerza de trabajo en relación al monto que el
cliente (el estudiante) estuvo "dispuesto" a pagar. En una
formulación que retrata su esquizofrenia, si no es que cinismo, el
BM admite que en América Latina "las estadísticas indican que la
proporción de estudiantes atendiendo instituciones privadas se ha duplicado en
los últimos quince años. Pero, al mismo tiempo la proporción de gente que está
siendo educada a nivel nacional viene cayendo a un ritmo
preocupante". A lo anterior se suman otros mecanismos para vincular
las universidades -e incluso a algunas instituciones de educación media y básica-
con el empresariado. Muchos son los casos en los que el sector privado ya
presta algunos servicios y/o financia centros informáticos, bibliotecas u otro
tipo de infraestructura. La privatización del desarrollo de la ciencia y la
tecnología es un factor que rebasa el ámbito previamente señalado ya que
implica un cambio profundo al impulsarlas hacia el cumplimiento de las
"exigencias del mercado". El resultado ha sido no sólo la
privatización de la ciencia y la tecnología desarrollada en universidades públicas
a través de la venta o cesión de derechos de patentes, sino también la
desnacionalización de cualquier avance científico-tecnológico que el Sur logre.
LAS CORPORACIONES MULTINACIONALES, EL PODER Y LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
Es en un contexto de poder derivado de la colaboración
estrecha entre el Estado y la corporación y no en medio de discursos fáciles y
eufóricos sobre la "globalización" o de frases como "reformas de
mercado", que es posible proceder a una evaluación seria y objetiva en
torno a los intentos del aparato corporativo, especialmente el de Estados
Unidos, para incidir, por medio de instrumentos como el Banco Mundial, en el
proceso de toma de decisiones en la educación superior, ciertamente un sector
estratégico para el presente y el futuro de nuestros países. Los
organismos financieros (BM y FMI), en los hechos, fungen como instrumentos de
proyección de poder del Ejecutivo estadounidense en América Latina, promoviendo
programas de ajuste estructural y de privatizaciones a ultranza del sector
público, incluida la educación pública media superior y de la docencia e
investigación de la educación superior, todo en nombre de la mano invisible del
"mercado global", por lo visto, una expresión secularizada de Dios. Esta
"proyección de poder" se materializa en el campo de la educación e
investigación universitaria en nuestros países en un masivo esfuerzo por
introducir y colocar como factor hegemónico los valores, los intereses y las
prácticas de la clase empresarial y del mundo de los negocios por encima de los
ideales genuinos de la educación superior, como la curiosidad científica, la
investigación básica y la docencia desinteresada realizados en función de los
intereses mayores de la Nación.
Por ejemplo, el Banco Mundial en un
documento intitulado "Financiamiento y administración de la educación
superior. Reporte sobre el estatus de las reformas en el mundo", explica
que la agenda para la reforma educativa (un eufemismo, porque estamos en
presencia de una regresión histórica de enorme magnitud), "está orientada
por el mercado más que por la propiedad pública o por el planeamiento y la
regulación gubernamentales". Luego agrega que "la dominación, en casi
todo el mundo, del capitalismo de mercado y los principios de la economía
neoliberal se encuentran en la base de la orientación por el mercado de la
educación media y superior". Los conceptos fundamentales de la agenda
del BM para la docencia y la investigación universitarias son, entonces, la
privatización, la desregulación y la orientación por el mercado. Esta última
frase, debe traducirse como "orientación por parte de los intereses
empresariales, foráneos y domésticos, institucionalmente articulados por la
corporación multinacional y los instrumentos de proyección de poder del Estado
imperial". En la ruta de instrumentación de esta agenda de
"reforma" se ha puesto en claro que los problemas que hay que
resolver son la Universidad tradicional, en general, y los miembros del
personal académico, en particular. Se trata de una verdadera declaración de
guerra a la Universidad y al cuerpo docente y de investigación que aleja las
funciones universitarias del interés público nacional, dirigiéndolas al
servicio del aparato corporativo, fundamentalmente extranjero.
El propósito al hacer de la educación superior algo
completamente autofinanciable, es en los hechos, despojar a la población
latinoamericana de la educación pública, gratuita y obligatoria, aumentando,
por la vía de la privatización de la enseñanza y la investigación, la carga a
la sociedad, liberando por así decirlo, al gasto público, que como sabemos es
desviado de manera creciente al gasto no productivo, es decir, para acrecentar
el papel tributario de nuestras economías, ya sea por medio del servicio de la
deuda externa o del subsidio a sectores parasitarios como el de la especulación
bancaria. Estos son los criterios adoptados por las agencias que promueven
y financian la investigación universitaria en América Latina, transformándose
en mecanismos normativos por medio de los que, el Banco Mundial y esas agencias
inciden de manera significativa si no determinante, en la agenda de la
investigación universitaria en el campo tanto de las ciencias naturales como de
las sociales, reduciendo, pedazo a pedazo, área tras área, la autonomía
universitaria. Pero el problema no se limita a que el Banco Mundial debilite la
capacidad de definir la agenda de investigación por parte de los cuerpos
académicos y científicos de América Latina que operan desde las universidades
públicas sino que, más grave aún, una porción significativa de esa agenda es
apartada de los temas o de problemas que afectan a nuestras sociedades, de tal
suerte que, por la vía del financiamiento y la imposición de las políticas
"de mercado" sea incautada por las fuerzas empresariales que
articulan y definen los parámetros de acción de las "fuerzas del
mercado". El encubrimiento linguísitico sobre este fenómeno es amplio
porque el Banco Mundial presenta todo este esquema como resultado de las
exigencias de la globalización, del "mercado global" ante las que no
hay opción.
La universidad pública es una institución de Estado, la
única dedicada a la compleja acción civilizadora que comprende la formación de
profesionales e intelectuales especializados en la creación, la actualización y
la expansión de todas las ramas del conocimiento y del arte. Está formada en la
tradición de los gremios del trabajo intelectual originados en la universitas
medieval, y tiene sus propias historias locales como corporaciones del saber
integradas en su interior como federaciones de corporaciones más limitadas y
singularizadas conforme a sus campos, sus tareas y sus propias jerarquías
académicas y burocráticas. Al respecto cabe recordar la advertencia hecha
por Thorstein Veblen en 1908, iniciado apenas el siglo XX, al advertir que la
incorporación de los principios de mercado transformarían a la docencia y la
investigación en "mera mercancía, a ser producida, evaluada, comprada y
vendida". Aquí las implicaciones son graves. Porque no sólo se coloca
a la empresa multinacional como el agente que define qué se investiga, sino
también cómo se investiga y qué no debe investigarse. Esto se hace por medio de
los entes usados para promover y financiar la investigación universitaria ahora
dominada por los conceptos neoliberales del "mercado", de tal suerte
que el investigador que desee hacer investigación debe ajustarse a los
parámetros sentados por el aparato corporativo. Se trata de la injerencia de
entes extranjeros dada la comprobada falta de iniciativa e interés mostrada
históricamente por el empresariado latinoamericano en el fomento de una base
nacional de investigación y desarrollo.
Aunque la adopción de los valores empresariales ha sido algo
endémico en el sistema universitario de Estados Unidos, algo señalado y
criticado por Veblen y Mills, el hecho es que actualmente la Universidad
pública de la potencia norteña está siendo sometida a mayores presiones que
están minando los propósitos de aprendizaje, desde dentro de las mismas
instituciones. Ya Veblen había notado que la Universidad estadounidense había
fracasado en su deber moral no sólo ante sí misma sino también ante la misma
civilización que la había concebido y nutrido, y C. Wright Mills y
posteriormente autores como Seymour Melman advirtieron sobre el impacto
negativo que conllevaba para el requerido impulso de la investigación básica y
desinteresada el reciente peso del sector bélico-industrial estadounidense en
el financiamiento de la investigación universitaria. Hoy en día cerca del 50%
de toda la investigación que se realiza en Estados Unidos tiene algún tipo de
vinculación al aparato de seguridad nacional. Entiéndase bien que, tal y como
se refleja en las observaciones de C. Wright Mills, la simbiosis entre la gran
corporación privada y el aparato bélico y de seguridad es profunda. Tanto en
los contratos entre las universidades con el Departamento de Defensa como en
los que se formalizan con las grandes firmas -farmaceúticas, industriales,
etc-, prevalece la norma del sigilo; en el primer caso por razones de
"seguridad militar" y en el segundo, como un requisito de la empresa
que financia la investigación para mantener cualquier descubrimiento bajo su
estricto control hasta que se posesione de la respectiva patente y ello, desde
luego, de cara a la competencia. En ambos casos es puesto en entredicho el
principio de uso universal y público del conocimiento generado por la
investigación científica.
"En una era en la que las ideas son fundamentales para
la economía", dicen los analistas estadounidenses Eyal Press y
Jennifer Washburn, las universidades inevitablemente jugarán un papel en
el desarrollo. Pero, ¿debemos permitir que las fuerzas comerciales determinen
la misión y los ideales académicos? En la educación superior hoy en día las
corporaciones no sólo financian una creciente porción de la investigación sino
que frecuentemente dictan los términos en los que la investigación debe ser
dirigida. Muchas universidades con presupuestos limitados invierten sus
recursos en campos de investigación con orientación comercial mientras
disminuyen los recursos a los departamentos de humanidades y a la
docencia". Los planteamientos, eufemismos y gimnasia lingüística de
la tecnocracia del Banco Mundial -adoptada como propios por nuestros presidentes
y ministerios de educación- tratan de colocar los intereses del alto capital en
definiciones fundamentales en torno a la docencia y la investigación en
nuestros países -cuyo destino es planteado por estos altos círculos- en un
contexto de dominio de corte colonial, impulsándose así la explotación global
de la fuerza de trabajo por medio de la máquina de los procesos productivos y
la cooptación, orientación y explotación de nuestro cuerpo de investigación y
desarrollo. También por medio de maquilladoras que acentuarían la postración
colonial y desplazarían la conciencia, la función social de impulso a la
equidad y la guía que nuestros pueblos esperan y exigen de la Universidad
pública latinoamericana.
