En esta oportunidad, más que una interrupción al orden constitucional lo que se hizo fue blanquear la situación imperante en el país desde que un decrépito y senil general Juan D. Perón (1895‑1974) delegara gran parte del poder a manos de sus adláteres más sanguinarios: José López Rega (1916-1989), José Ignacio Rucci (1924-1973) y Alberto Villar (1917-1974), entre otros, quienes al mando de siniestras bandas de asesinos, comenzaron la brutal represión de las mismas organizaciones revolucionarias que el propio líder había propiciado y alentado desde su exilio dorado en Madrid. Las fuerzas armadas, que ya habían militarizado el país mucho antes de aquel día, escudándose en el desgobierno que imperaba por entonces, perfeccionaron y extendieron las acciones represivas que culminarían con miles de desaparecidos. El saldo de los casi ocho años de gobierno militar fue desastroso: la deuda externa creció de manera exponencial, la economía quedó en bancarrota, se violaron todos los derechos humanos imaginables y se entró en una desproporcionada guerra contra Inglaterra y la Alianza Atlántica. Si los objetivos del Proceso eran los de preservar el modo de vida occidental y cristiano equivocaron el camino, ya que el Estado provee las herramientas legales y legítimas para conseguirlo sin necesidad de secuestrar, torturar y hacer desaparecer a sus adversarios. Tampoco era necesario robar bebés para luego privarlos de su identidad ni hurtar los bienes de los detenidos para luego venderlos en provecho propio. Para justificarse ante la sociedad por semejantes atrocidades, dijeron que la Nación estaba en guerra -lo que es opinable- y que se habían cometido algunos excesos. Si convalidamos la suposición de que hubo una guerra, entonces ¿por qué los ocultos Centros Clandestinos de Detención en lugar de los reglamentarios Lugares de Reunión de Prisioneros?, ¿por qué las torturas y tormentos seguidos de desapariciones en cambio de interrogatorios, partes de combate y listas de bajas y prisioneros?, ¿por qué meses antes de entregar el gobierno dictaron una ley de autoamnistía e incineraron toda la documentación que registraba los pormenores de la guerra sucia? Por otra parte, si los objetivos eran los de poner orden en la economía del país, también fallaron: hubo emisión descontrolada de moneda, derroches inadmisibles, enriquecimientos ilícitos, corrupción escandalosa, evasión fiscal, inflación, en fin, nada de lo que un argentino medio -occidental y cristiano- pueda sorprenderse. Medio siglo después, los resultados están a la vista: una sociedad totalmente fragmentada y casi sumisa, una juventud que oscila entre la indiferencia y la necedad, una cultura desbastada y estupidizada y la pérdida de cualquier indicio de soberanía que aún quedase en el país, ya que en ese entonces se sentaron las bases del nefasto plan económico que hoy otra vez está en vigencia. En ese sentido, el triunfo del Proceso fue evidente y, en muchos casos, su obra fue continuada por los sucesivos gobiernos civiles que le siguieron, ya fuesen liberales o populistas, los que poco y nada hicieron para modificar la miserable condición de nación subyugada al imperialismo transnacional. Mientras se pregona que desde hace algo más de cuarenta y dos años la Argentina vive bajo un sistema democrático, lo que realmente se está viviendo es un régimen autocrático respaldado por una plutocracia cada día más ambiciosa, un grupo de oligarcas que busca concentrar y aumentar sus riquezas en desmedro de las clases trabajadoras. Su líder es un presidente que desdeña la Constitución Nacional apelando a los decretos y a los vetos como herramientas para gobernar, burlándose así del sistema republicano, representativo y federal de gobierno al llevar adelante un régimen hiperpresidencialista que acumula todos los poderes.
Según lo que establece la Constitución Nacional, el sistema político debe dividirse en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El primero de ellos tiene como misión tomar decisiones sobre la economía, la salud, la educación y la seguridad, administrar los recursos del Estado, nombrar ministros y otras autoridades, enviar proyectos de ley al Congreso y representar al país en el ámbito internacional. El segundo tiene a su cargo la deliberación, el debate y la sanción de leyes que defiendan los intereses generales de la sociedad, la fiscalización del gasto público y la supervisión de las acciones del gobierno. Por su parte el tercero tiene el deber de interpretar, aplicar y hacer cumplir las leyes, resolver conflictos jurídicos y garantizar los derechos de la ciudadanía.
Pues bien, en la actual Argentina, poco y nada de esas tareas se están cumpliendo en los tres poderes. Sabido es que la corrupción ha existido en el país, en mayor o menor medida, ya desde la época colonial. Pero hoy en día es descomunal. Las ciencias sociales aseveran que la corrupción política no sólo es ilegal sino también inmoral, dado que atenta contra el bien común y la justicia social. Sin embargo, el actual presidente afirma que la moral es el cimiento de su administración ya que ésta implica el respeto irrestricto a la libertad individual, a la propiedad privada y a el cumplimiento de las leyes. Suele destacar que, dada su “virtud ética y moral”, entre sus ideales está “la defensa del sistema capitalista de libre empresa”. Lo que no dice es que lo él denomina sus "ideales", no son más que las herramientas que utiliza para ejercer el poder como una posibilidad de aumentar y consolidar los intereses económicos propios y los de toda la camarilla que lo rodea, lo apoya y lo sostiene.
¿Son análogas estas
prédicas? Pues sí, lo son. Lo único que las diferencia es la época en la que
fueron anunciadas. La primera de ellas pertenece al ministro de Economía del
Proceso de Reorganización Nacional José Alfredo Martínez de Hoz (1925-2013) durante
su primer discurso del 2 de
abril de 1976. La segunda fue proclamada por el presidente de Argentina y líder
de La Libertada Avanza Javier Milei (1970) durante una reunión que mantuvo el
13 de junio de 2025 con una decena de empresarios de alto nivel en España.
También se puede recurrir a la famosa “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” que el periodista y escritor Rodolfo Walsh (1927-1977) envió por correo a los medios de comunicación el 24 de marzo de 1977 al cumplirse el primer año de la dictadura militar, y por la cual al día siguiente fue emboscado y secuestrado en la esquina de Humberto 1º y la avenida Entre Ríos por un grupo de tareas de la dictadura, y finalmente fue desaparecido. Entre otros conceptos, en el texto que fue prohibido por la Junta Militar, Walsh manifestó: “En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores, disminuido su participación en el ingreso nacional, aumentado la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitaron formas de trabajo forzado, congelaron los salarios, prohibieron las asambleas de reclamación colectiva, elevaron la desocupación y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos”.
Y agregó: “Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno ha disminuido el consumo de alimentos, el de ropa y el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, la política económica de la Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales al que están ligados personalmente todos los miembros de su gabinete. El espectáculo de una Bolsa de Comercio en donde la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el "festín de los corruptos".
De nuevo, ¿hay alguna diferencia entre aquella gestión económica y la actual? Tal vez podría decirse que, en vez de proponerse acabar con el “festín de los corruptos”, el actual gobierno prometió desde el primer día de su gestión acabar con “la casta política chorra, parasitaria e inútil”. Sin embargo, siete de cada diez funcionarios de su gobierno son “casta”, un grupo que comparte, según su propia definición, el objetivo de “mantener y fortalecer sus propios privilegios a expensas de la sociedad en general”. Y ni que hablar de los escandalosos actos de corrupción en los que están implicados tanto el presidente como su hermana, la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei (1973), como numerosos funcionarios del gabinete, diputados, senadores y jueces.
También puede recordarse que la dictadura se propuso desarticular el intervencionismo económico y establecer la libertad de mercado. Su proyecto iba más allá de la economía y buscaba la reestructuración general de la sociedad, de la política y de la cultura. Y, en coincidencia con sus objetivos, las principales entidades empresarias le brindaron su adhesión mientras que la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos no se opuso a la instauración del gobierno autoritario y hasta no faltaron los que asumieron cargos públicos. ¿Otra coincidencia con el gobierno “anarco-capitalista”?
También se puede recurrir a la famosa “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” que el periodista y escritor Rodolfo Walsh (1927-1977) envió por correo a los medios de comunicación el 24 de marzo de 1977 al cumplirse el primer año de la dictadura militar, y por la cual al día siguiente fue emboscado y secuestrado en la esquina de Humberto 1º y la avenida Entre Ríos por un grupo de tareas de la dictadura, y finalmente fue desaparecido. Entre otros conceptos, en el texto que fue prohibido por la Junta Militar, Walsh manifestó: “En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores, disminuido su participación en el ingreso nacional, aumentado la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitaron formas de trabajo forzado, congelaron los salarios, prohibieron las asambleas de reclamación colectiva, elevaron la desocupación y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos”.
Y agregó: “Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno ha disminuido el consumo de alimentos, el de ropa y el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, la política económica de la Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales al que están ligados personalmente todos los miembros de su gabinete. El espectáculo de una Bolsa de Comercio en donde la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el "festín de los corruptos".
De nuevo, ¿hay alguna diferencia entre aquella gestión económica y la actual? Tal vez podría decirse que, en vez de proponerse acabar con el “festín de los corruptos”, el actual gobierno prometió desde el primer día de su gestión acabar con “la casta política chorra, parasitaria e inútil”. Sin embargo, siete de cada diez funcionarios de su gobierno son “casta”, un grupo que comparte, según su propia definición, el objetivo de “mantener y fortalecer sus propios privilegios a expensas de la sociedad en general”. Y ni que hablar de los escandalosos actos de corrupción en los que están implicados tanto el presidente como su hermana, la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei (1973), como numerosos funcionarios del gabinete, diputados, senadores y jueces.
También puede recordarse que la dictadura se propuso desarticular el intervencionismo económico y establecer la libertad de mercado. Su proyecto iba más allá de la economía y buscaba la reestructuración general de la sociedad, de la política y de la cultura. Y, en coincidencia con sus objetivos, las principales entidades empresarias le brindaron su adhesión mientras que la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos no se opuso a la instauración del gobierno autoritario y hasta no faltaron los que asumieron cargos públicos. ¿Otra coincidencia con el gobierno “anarco-capitalista”?
Amparándose en el “protocolo
antipiquetes”, implementado en enero de 2024 por el Ministerio de Seguridad de
la Nación por entonces a cargo de la ex montonera y ex funcionaria de gobiernos
peronistas, radicales y liberales Patricia Bullrich (1956), las fuerzas de la Policía
Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimen violentamente
las protestas callejeras que están amparadas por la Constitución Nacional
argentina como parte de la libertad de expresión, acusando a los manifestantes
de cometer “actos terroristas” y delitos como “intimidación pública”,
“incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”,
“resistencia a la autoridad” o “atentado contra el orden constitucional”.
Ante esta situación, es necesario recordar que, según la Sociología, la función principal del Estado es regular las interacciones sociales y políticas, promover la justicia, garantizar la seguridad de los ciudadanos en su territorio, administrar los recursos y llevar a cabo políticas públicas orientadas al bienestar común. Pero todo eso parece no importarle al presidente que en una de sus tantas declaraciones irracionales ha afirmado que su desprecio por el Estado es “infinito”. Neciamente (o convenientemente) parece que también ignora que en la medida que el Estado pierde su capacidad para cumplir debidamente con las funciones de legitimación, se hacen más notorias sus acciones favorables a la acumulación de capital en beneficio de los sectores sociales económicamente más poderosos. En esas situaciones, es usual que, junto con el debilitamiento de la integración social, las protestas de los perjudicados aumenten y en respuesta se incremente la represión estatal y se deteriore la legitimidad del orden social y
la del propio Estado.
Como si todo esto no fuera suficiente, el presidente es un obcecado negacionista de la última dictadura militar. Desde el inicio de su gestión ha pretendido instalar una versión falsa de la historia, relativizar los crímenes de lesa humanidad e indultar a represores de la dictadura. También ha atacado a los organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y ha intentado imponer la idea de que no fueron treinta mil las y los desaparecidos. Descaradamente ignora que existe un informe del National Security Archive, una institución no gubernamental ubicada en Washington, Estados Unidos, que publicó a mediados de 1978 un documento que le envió desde Buenos Aires un agente de la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura militar chilena y un memorándum interno del Batallón 601, la unidad de inteligencia del Ejército Argentino, en los cuales ya se registraban veintidós mil desapariciones cuando aún faltaban los años más sangrientos del terrorismo de Estado.
En definitiva, ¿qué herramientas utiliza Milei para persuadir a los argentinos? La respuesta es evidente: las redes sociales. Actualmente, las plataformas digitales cumplen un papel similar al de los textos sagrados en la antigüedad, los que, tras la invención de la imprenta, fueron reemplazados por la prensa escrita. Luego, hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la radio y la televisión se convirtieron en medios masivos de información. Hoy ese lugar es ocupado por las redes sociales. Allá por 1887, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900) en “Zur genealogie der moral” (La genealogía de la moral), concibió a los ciudadanos como sujetos condicionados por las estrategias discursivas de los gobernantes. Casi cien años después, el filósofo francés Michel Foucault (1926-1984) decía en “Le sujet et le pouvoir” (El sujeto y el poder) que los sujetos eran influenciados por los discursos que circulaban por los modernos medios de comunicación, a los que consideraban sólidos y verdaderos. Se puede concluir entonces que el presidente argentino es un experto en esta materia.
Ante esta situación, es necesario recordar que, según la Sociología, la función principal del Estado es regular las interacciones sociales y políticas, promover la justicia, garantizar la seguridad de los ciudadanos en su territorio, administrar los recursos y llevar a cabo políticas públicas orientadas al bienestar común. Pero todo eso parece no importarle al presidente que en una de sus tantas declaraciones irracionales ha afirmado que su desprecio por el Estado es “infinito”. Neciamente (o convenientemente) parece que también ignora que en la medida que el Estado pierde su capacidad para cumplir debidamente con las funciones de legitimación, se hacen más notorias sus acciones favorables a la acumulación de capital en beneficio de los sectores sociales económicamente más poderosos. En esas situaciones, es usual que, junto con el debilitamiento de la integración social, las protestas de los perjudicados aumenten y en respuesta se incremente la represión estatal y se deteriore la legitimidad del orden social y
la del propio Estado.
Como si todo esto no fuera suficiente, el presidente es un obcecado negacionista de la última dictadura militar. Desde el inicio de su gestión ha pretendido instalar una versión falsa de la historia, relativizar los crímenes de lesa humanidad e indultar a represores de la dictadura. También ha atacado a los organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y ha intentado imponer la idea de que no fueron treinta mil las y los desaparecidos. Descaradamente ignora que existe un informe del National Security Archive, una institución no gubernamental ubicada en Washington, Estados Unidos, que publicó a mediados de 1978 un documento que le envió desde Buenos Aires un agente de la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura militar chilena y un memorándum interno del Batallón 601, la unidad de inteligencia del Ejército Argentino, en los cuales ya se registraban veintidós mil desapariciones cuando aún faltaban los años más sangrientos del terrorismo de Estado.
En definitiva, ¿qué herramientas utiliza Milei para persuadir a los argentinos? La respuesta es evidente: las redes sociales. Actualmente, las plataformas digitales cumplen un papel similar al de los textos sagrados en la antigüedad, los que, tras la invención de la imprenta, fueron reemplazados por la prensa escrita. Luego, hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la radio y la televisión se convirtieron en medios masivos de información. Hoy ese lugar es ocupado por las redes sociales. Allá por 1887, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900) en “Zur genealogie der moral” (La genealogía de la moral), concibió a los ciudadanos como sujetos condicionados por las estrategias discursivas de los gobernantes. Casi cien años después, el filósofo francés Michel Foucault (1926-1984) decía en “Le sujet et le pouvoir” (El sujeto y el poder) que los sujetos eran influenciados por los discursos que circulaban por los modernos medios de comunicación, a los que consideraban sólidos y verdaderos. Se puede concluir entonces que el presidente argentino es un experto en esta materia.
