Estados Unidos y Cuba. Crónica de una relación depravada y fatídica (6/6)

Es más que evidente que las agresiones de Washington contra Cuba tienen una larga historia. Y desde hace unos veinte años, no ha sido sólo a través de la organización, entrenamiento y apoyo a mercenarios por parte de la CIA, también lo ha sido a través de los modernos medios de comunicación utilizados por agentes de inteligencia estatal y periodistas supuestamente independientes mediante los cuales se busca manipular a la opinión pública y debilitar a las instituciones. Según un informe de “EFE”, la agencia de noticias española con sede en Madrid, el propósito de estas redes sociales es “inspirar a los jóvenes a organizar marchas y concentraciones contra el gobierno cubano. Provocar incidentes e instalar la idea de una ‘primavera de colores’, que fuera reprimida por el gobierno y, así, justificar una intervención militar extranjera”. También la organización no gubernamental global “Amnesty International” (Amnistía Internacional), que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos, ha señalado las presiones que ejercen las redes sociales moldeando la salud mental, la privacidad y la autoestima de sus usuarios.
Por su parte, con un cinismo descarado Madeleine K. Albright (1937-2022), quien fuera Secretaria de Estado durante la presidencia de Bill Clinton, publicó el ensayo “The war on democracy” (La guerra contra la democracia) en el que manifestó que “los regímenes autoritarios del siglo XXI han explotado los temores de los ciudadanos en democracias nuevas y antiguas, lo que representa una grave amenaza para los sistemas democráticos. Desde la década de 2010, el mundo ha presenciado un auge del ‘autoritarismo digital’, es decir, el uso de la tecnología de la información por parte de un régimen autoritario para mantener o aumentar su poder mediante el engaño, la confusión y la distracción de la población, así como bloqueando el acceso a información procedente de fuentes que el régimen no puede controlar”.
Lo que esta diplomática omitió decir es que el bloqueo económico ya no es suficiente para Washington. Ahora el gobierno estadounidense, con el regreso de Donald Trump, ha iniciado el camino hacia lo que ella llamó “autoritarismo digital” utilizando las redes sociales como “X”, “TikTok” “Facebook” e “Instagram”, impulsando de esa manera una “guerra cognitiva” mediante la cual siembra en los ciudadanos campañas de desinformación diseñadas para sembrar el caos. La administración Trump ha adoptado una amplia gama de tácticas, políticas y acciones autoritarias que socavan la protección de los derechos humanos, así como muchos pilares claves de la democracia estadounidense, algo que vienen denunciando varios reconocidos politólogos y académicos de ese país como James Campbell (1952) en “Race, nation and empire in american history” (Raza, nación e imperio en la historia estadounidense), Lucan A. Way (1968) en “The price of american authoritarianism” (El precio del autoritarismo estadounidense) o Steven Levitsky (1968) y Daniel Ziblatt (1972) en “How democracies die” (Cómo mueren las democracias).
En enero del corriente año, Amnistía Internacional publicó un informe titulado “Ringing the alarm bells: rising authoritarian practices and erosion of human rights in the United States” (Suenan las alarmas: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de los derechos humanos en Estados Unidos) en el que advirtió que dicho país atraviesa una peligrosa deriva autoritaria con consecuencias que se extienden más allá de sus fronteras. En dicho informe analiza cómo las políticas y prácticas impulsadas están socavando libertades fundamentales como la libertad de expresión, de prensa y de reunión pacífica, y está “resquebrajando los pilares de una sociedad libre: el espacio cívico, la separación de poderes y las garantías básicas del Estado de derecho”. Y agrega que, lejos de ser decisiones aisladas o coyunturales, es un patrón sistemático de prácticas autoritarias que se refuerzan entre sí y amenazan con normalizar la represión, la discriminación y la impunidad, algo que no sólo redefine el rumbo interno de Estados Unidos, sino que también debilita los estándares internacionales de derechos humanos y alienta retrocesos similares en otros países.

Basta recordar que, al presente, países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana están siendo conducidos por gobiernos de derecha o centroderecha. Todos ellos consiguen el apoyo de buena parte de la población gracias al bombardeo a través de las redes sociales con comentarios plagados de falsedades, argumentaciones hipócritas, burlas cínicas y estigmatizaciones culturales que tienen por principal objetivo generar miedo y confusión. Así, cuando la gente que piensa distinto deja de poder opinar libremente, cuando protestar se vuelve peligroso y cuando los tribunales y los mecanismos de supervisión son atacados o cooptados, resulta cada vez más difícil frenar los abusos y revertir el retroceso en derechos humanos. Es entonces cuando las violaciones a esos derechos dejan de ser excepciones y pasan a ser parte del funcionamiento ordinario del Estado.
Ante esa situación, cabe preguntarse si los ciudadanos que aceptan esas condiciones dirán algo con respecto a la foto que mostró recientemente el presidente Trump en la cual se muestra a Canadá, Groenlandia, Haití, Islandia, México, Puerto Rico, Venezuela y, por supuesto, Cuba, como parte de los Estados Unidos, una imagen que claramente representa los intereses políticos y económicos de la principal superpotencia occidental.
Las razones específicas de sus críticas y tensiones con cada uno de estos países varían según el contexto geopolítico y comercial. A algunos los acusa de permitir la entrada de inversiones o productos procedentes de China, su gran competidor a nivel global, a otros por poner en riesgo la seguridad nacional, la competencia geopolítica y el acceso a recursos estratégicos, a otros por impulsar grandes oleadas de emigración, etc. En el caso específico de Cuba, la acusa de ser “la mayor amenaza para nuestro país y para la libertad americana”, y de ser un “Estado fallido” gobernado por un sólo partido político desde 1959. Desde la perspectiva de los Estados Unidos, el sistema unipartidista es considerado una contradicción directa a los principios de la libertad y la democracia liberal, sosteniendo que la concentración del poder en un sólo partido político destruye el orden democrático ya que elimina la capacidad de los ciudadanos de elegir entre otras opciones políticas.

¿Y cómo es el sistema electoral en Cuba? Después del triunfo de la Revolución, se declaró la cesantía de todos los gobernadores, alcaldes y concejales del país y se promulgó la Ley Fundamental de la República que mantuvo vigente algunos postulados básicos de la constitución de 1940. Si bien hubo dos presidencias provisionales a cargo de Manuel Urrutia (1908-1981) durante los primeros seis meses y luego por Osvaldo Dorticós (1919-1983) durante diecisiete años y medio, el poder fue ejercido por Fidel Castro como Primer Ministro a cargo de un Consejo de Ministros que se encargaba de nombrar a los funcionarios públicos mediante decretos. Este esquema concluyó en 1976 cuando se promulgó una nueva Constitución mediante la cual se creó una Asamblea Nacional del Poder Popular que introdujo las elecciones municipales. En ellas, los candidatos son elegidos por los ciudadanos mayores de dieciséis años, estén o no afiliados al Partido Comunista, mediante el voto libre, directo y secreto. Los votantes no sólo eligen a los concejales de las Asambleas Municipales sino también a los delegados de las Asambleas Provinciales de las quince provincias (Artemisa, Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Granma, Guantánamo, Holguín, La Habana, Las Tunas, Matanzas, Mayabeque, Pinar del Río, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba y Villa Clara) y del Municipio Especial Isla de Juventud.

Hasta la reforma constitucional de 1976, también mediante el voto directo y secreto en elecciones nacionales, en las asambleas municipales se elegían los miembros del órgano legislativo nacional. Tras esa reforma y las que se hicieron en 1992 y en 2019, el Estado de Cuba pasó a organizarse a partir de cuatro órganos superiores: la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Consejo de Defensa. La Asamblea Nacional, unicameral, es la encargada de aprobar la legislación y se renueva cada cinco años. Los candidatos a diputados de la misma que se presentan en las elecciones no son elegidos por el Partido Comunista de Cuba ni es un requisito estar afiliado al partido oficial para participar, sino que los proponen agrupaciones sociales del país y sus candidaturas se votan en asambleas que se realizan en cada circunscripción electoral. Esta Asamblea elige entre sus diputados a quienes conforman el Consejo de Estado, el organismo encargado de definir leyes y decretos, de supervisar la actividad de los organismos del Estado y de representarlo a nivel nacional e internacional.
En cuanto al Consejo de Ministros, el máximo órgano ejecutivo y administrativo, está conformado por un secretario, un primer ministro, cuatro vice primeros ministros y veintiséis ministros de diferentes áreas, quienes son elegidos por la Asamblea Nacional a propuesta del Presidente de la República. Por su parte, el Consejo de Defensa es el encargado de dirigir el país en situaciones de guerra o estados de emergencia. Está integrado por el presidente, que elige a un vicepresidente y a otros miembros definidos por ley. El presidente es el jefe de Estado. Lo elige la Asamblea Nacional de entre sus diputados y rinde cuentas a ese organismo. Su mandato dura cinco años y se puede extender por cinco adicionales. Para ser presidente se debe ser ciudadano cubano por nacimiento, no tener otra ciudadanía, tener al menos treinta y cinco años y como máximo sesenta al momento de la elección. Existe en el país el cargo de vicepresidente que debe cumplir con requisitos similares y también lo designa la Asamblea Nacional. Ambos Carlos son ocupados hoy en día por el citado Díaz Canel y por Salvador Valdés Mesa (1945) respectivamente.

Fue precisamente Díaz Canel quien hace unos días, en una entrevista que le hizo una periodista del diario brasileño “Folha de São Paulo”, defendió el sistema de partido único vigente en Cuba y rechazó que el pluralismo político sea un requisito para considerar democrático a un país. Agregó que Cuba no es el único país donde el jefe de Estado es elegido por el Parlamento y defendió a la democracia basada en derechos sociales. “Hay democracia cuando las mayorías tengan derecho a la vida, cuando haya igualdad, equidad, derecho a la salud y a la educación, aunque haya uno o veinte partidos”, sostuvo.

Vale recordar que Estados Unidos, desde unos años después de lograr su independencia de Gran Bretaña, ha sido gobernada alternativamente por un sistema bipartidista conformado por los partidos Demócrata y Republicano. Bajo la retórica de ser “progresista” y “socialdemócrata” uno, y de “populista” y “nacionalista” el otro, lo cierto es que desde la época de George Washington, su primer presidente como nación independiente, Cuba ha estado siempre bajo el interés colonizador de ese país cualquiera que fuera alguno de esos dos partidos que lo gobernara. Será por esa razón que no son pocos los analistas y los organismos estadounidenses dedicados al estudio de la ciencia política que advierten sobre la “unipartidización” encubierta en su propio territorio. Sobre todo hoy en día, cuando dentro del capitalismo tardío, una fase marcada por la globalización financiera, el dominio de las grandes corporaciones y la mercantilización de casi todos los aspectos de la vida, se está debilitando al sistema democrático representativo.
Tal vez por ese motivo el historiador belga David Van Reybrouck (1971) argumentó en su libro “Against elections: the case for democracy” (Contra las elecciones: el caso de la democracia) argumenta que “La democracia no es el gobierno de los mejores de nuestra sociedad, porque eso se llama aristocracia, sea elegida o no. La democracia, por el contrario, florece precisamente al permitir que se escuche una diversidad de voces. Se trata de tener voz y voto en igualdad de condiciones, el mismo derecho a determinar qué acciones políticas se toman”. Y más categórica es la economista francesa Julia Cagé (1984) quien en su ensayo “Le prix de la démocratie” (El precio de la democracia) afirmó que “los pobres pagan por una democracia que beneficia a los ricos. El sistema no sólo beneficia a quienes donan a los partidos políticos y candidatos, sino que además exime de impuestos a estas élites que supuestamente financian la democracia”. En fin, así están las cosas hoy en día.