El
concepto de inseguridad, tanto mediática como académicamente, no tiene en la
Argentina una larga historia. Para algunos sociólogos, comenzó a hablarse de
inseguridad a mediados de los años noventa cuando el por entonces gobernador de
la provincia de Buenos Aires dijo que la Policía Bonaerense era la mejor del
mundo, y luego se vio que estaba involucrada en el atentado a la AMIA y en una cantidad
de delitos que incluía asesinatos, secuestros, piratería del asfalto, etc. Así
apareció una crítica que hacía hincapié en la inseguridad, un término que nació
como de uso político y que luego se estableció como categoría social y
mediática. Hoy, tanto en los medios como en la sociedad, la inseguridad se
define como una amenaza sobre los bienes y especialmente sobre las personas. Existe
una suerte de paranoia generalizada en cuanto a que a cualquiera le puede pasar
algo en cualquier lado; ya no existen zonas seguras e inseguras, ya no hay
áreas sin inseguridad. Existe una presunción generalizada de peligrosidad, una percepción
cotidiana de que todo puede ser un potencial riesgo, de que el otro es una eventual
amenaza. Las discusiones públicas sobre inseguridad suelen tener como
protagonistas a los sectores medios, medios altos y altos de la estructura social. Son los que
dominan el discurso sobre la violencia urbana porque, supuestamente, serían los
que más la sufren. Sin embargo, los que experimentan la victimización con mayor
frecuencia son quienes están en lo más bajo del orden social y simbólico; allí,
entre los más desposeídos, es donde se encuentra la mayor cantidad de
homicidios y heridos graves. El fenómeno de la violencia y la inseguridad,
claro, no es patrimonio sólo de la Argentina, sino que también está presente en
el resto de Sudamérica y, con mayor virulencia, en los países centroamericanos.
Esto sin excluir, ya que hablamos de América, a México y Estados Unidos, en el
norte del continente. Especialista en seguridad ciudadana y desarrollo de
políticas de planificación urbana, el arquitecto ecuatoriano Fernando Carrión
Mena (1952) conversó con Marina Oybin para el nº 509 de la revista "Ñ" del 29
de junio de 2013. En la entrevista, Carrión Mena expresó su mirada sobre la
inseguridad en las ciudades y cómo fortalecer la lucha común contra la
violencia. Profesor de posgrado en universidades
de Argentina, Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador, es autor de centenares de
artículos publicados en distintos medios gráficos y de varios libros, entre ellos, "En busca
de la ciudad perdida" y "Pobres las ciudades de pobres". "La violencia -afirma Carrión Mena- no puede entenderse a
partir de una política penal porque trasciende lo que está tipificado: hay
violencia simbólica, hechos de odio y de racismo, que en muchos países no están
incluidos en el código penal".
¿En qué se
diferencian los delitos modernos de los tradicionales?
El delito o la violencia moderna utiliza altísima tecnología, tiene alcance
internacional y una fuerte división del trabajo. Es bien distinto al delito
tradicional, que en algunos casos consistía en una estrategia de supervivencia.
Hoy tiene un cierto nivel de autonomía frente a la sociedad por su gran
capacidad económica.
¿Cuál fue
la variación en la tasa de homicidios en América Latina en los últimos años?
El promedio de homicidios en América Latina se duplicó en los últimos veinte
años. Las tasas más altas están concentradas en Centroamérica, Honduras, El
Salvador, Jamaica, Guatemala, Haití y República Dominicana; en cambio, las
tasas más bajas a nivel regional están en Chile, Uruguay y Argentina. Las zonas
de frontera concentran tasas de homicidio más altas. México tiene una tasa
promedio de 18, y en la frontera con Estados Unidos es de 75. Argentina, en 2007,
esos son los últimos datos disponibles, tenía una tasa de 14 homicidios por 100
mil habitantes, y todas sus fronteras tienen tasas superiores. La más alta es
la frontera con Uruguay, que llegó a tener 19. A nivel mundial estamos viviendo
un ascenso de las economías ilegales (de armas, contrabando, vehículos,
narcotráfico) que tienen como lugar central las fronteras.
En el
libro "Ciudades, una ecuación imposible" dice que la violencia es subjetiva y
convierte el temor en el principal imaginario social.
Esto ocurre en todas las ciudades de América Latina. Según Latinobarómetro (una ONG con sede en Santiago de Chile), en
2000 la demanda de seguridad estaba en cuarto lugar. En 2007 en segundo
lugar, y desde 2008, es la primera demanda de toda la población de nuestras
ciudades.
¿Cuál es
el principal miedo?
El miedo al otro. Los sectores populares tienen mucho temor en el lugar de
trabajo y también donde los sectores de altos recursos conviven: hay policía
privada y video cámaras, y se ven permanentemente observados. Los sectores de
altos ingresos tienen mucho miedo en la centralidad urbana. Mientras los
sectores populares caminan largas distancias, los sectores de altos ingresos
caminan muy poco en su propio círculo: salen de allí y empiezan a sentir miedo
al otro.
¿Y la
clase media?
Probablemente sea la que más seguridad siente en la ciudad porque como no es
tan distante frente a los sectores de altos ingresos ni frente a los sectores
de bajos ingresos, el otro no se percibe tan distinto como ocurre en esta
polarización entre pobres y ricos.
¿Cuáles
son las ciudades más seguras y dónde la gente tiene menor percepción de miedo?
En general las ciudades más grandes en América Latina tienen las tasas más
bajas.
¿Cree que
en América Latina se oscila entre propuestas de mano dura y populismo penal?
Como las políticas de seguridad se hacen con las encuestas de opinión pública,
el diseño de las políticas obedece a las víctimas que, generalmente,
reaccionan con sentimiento de venganza más que de justicia. Por eso el
populismo penal y la mano dura crecen, y se pide menor edad de imputabilidad
penal.
¿Cómo se
podría reestructurar la policía en América Latina?
El principal problema es la privatización de la policía: hoy por cada policía
público tenemos tres privados. Y dentro de la policía privada tenemos una
formal y otra informal, que no tiene ningún control. En segundo lugar, habría
que impulsar un proceso de reforma al interior de la institución policial para
democratizarla.
¿El miedo
es una de las percepciones que lleva a actuar con menos racionalidad?
Lo que está ocurriendo es que este imaginario del miedo lleva a tener
determinadas pautas de conducta de la población, quizá la más complicada de
estas sea la justicia por mano propia: como no tengo una respuesta del Estado o
de las instituciones que deben garantizar mi seguridad, decido enfrentar el
tema: una de las manifestaciones más claras de esto es el incremento de armas
en manos de la sociedad civil.
¿En todas
las ciudades?
Sí. En general, hay una relación de cuatro a uno: un arma legal que tiene permiso
de porte y cuatro que no lo tienen. Esta situación se da con fuerza en
Centroamérica, en el triángulo del Norte que incluye Guatemala, Honduras, y El
Salvador, Colombia, Brasil y Estados Unidos.
Usted
mencionó Colombia, uno de los casos donde el plan para desactivar el delito lo
propagó.
Con el plan Colombia se rompe espacialmente la lógica de carteles territoriales
como el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Al romperse, toda la lógica de
circulación y de las rutas la empiezan a asumir los carteles mexicanos, que
empiezan a tener un peso mayor en el mundo y obtienen más poder. Una buena
parte de los lugares de procesamiento de droga y laboratorios se desplazaron
hacia Ecuador, Perú y Brasil, en condiciones mucho más ventajosas.
Si uno
piensa que el delito se produce porque no se ha interiorizado la norma y no hay
temor a la pena pareciera dejar de lado otras variables de análisis.
Creo que todas las economías ilegales vinculadas al narcotráfico, a las armas y
a la trata han generado una autonomía de ese tipo de delitos frente a la pena y
frente a la sociedad: es tal la cantidad de recursos que manejan que pueden
hacer lo que quieran.
Como las
maras en Honduras.
Exacto, como las maras o lo que pasó incluso hace años en San Pablo con el
Primer Comando de la Capital en Brasil, que logró paralizar la ciudad de San
Pablo y dejar cientos de muertos: desde la cárcel daban las instrucciones y
tenían contacto con el sistema de transporte público, taxis, etc.
¿Estamos
entrando en una nueva fase en cuanto a la seguridad a nivel mundial?
El problema es que el delito se define en los parlamentos nacionales. Es
absolutamente necesaria una política internacional respecto a los marcos
jurídicos: a través de Unasur habría que establecer diez o doce delitos
tipificados del mismo modo en todos los países miembros. El Parlamento de la
Unión Europea va en esa dirección. Además, se debería tener una corte penal
sudamericana y una policía propia: así como está Interpol, que es una policía
Internacional, América Latina debería tener su policía.
Se
evitaría que los delincuentes escaparan de un país a otro.
Exactamente. Por ejemplo, el vicariato en los diez países debería estar
tipificado. Pueden ser delitos atroces como el secuestro, el narcotráfico, la
violencia de género. Deberíamos ir hacia un código penal sudamericano.
