Pierre Broué: Su influencia en el proletariado
revolucionario español
El mismo periódico dedica un importante lugar a la denuncia de los Procesos de Moscú, a las reacciones y condenas que suscita en el movimiento obrero, reproduce un artículo de Trotsky sobre el terrorismo individual. En una réplica a los ataques de “Mundo Obrero”, órgano del Partido Comunista, afirma que los “bolcheviques-leninistas existen y crecen en el mundo entero”. En cada número, se dedica un importante lugar a Trotsky, al recuerdo del papel que jugó en la fundación del Ejército Rojo y en la defensa de Petrogrado, a la persecución de la que es víctima en el momento en que caen los compañeros de Lenin. Las consignas de los madrileños del POUM llevan el mismo sello: afirmación de que es la revolución proletaria la que está a la orden del día, denuncia del carácter burgués de los gobiernos Giral y Largo Caballero, constitución de comités análogos a los soviets, referencias al internacionalismo proletario, denuncia del papel contrarrevolucionario del estalinismo.
“La Antorcha” explica que la JCI está en la línea de la tradición de los jóvenes bolcheviques “desplegando la bandera de Lenin y de Trotsky”, luchando “por la revolución proletaria, por la constitución de un gobierno obrero sobre la base de los comités de milicianos, obreros y campesinos”. El enorme éxito de su primer gran mitin, celebrado el 11 de octubre en el teatro María Isabel, provoca la respuesta de las JSU, que le acusan de “dividir” y de organizar la “escisión” de la juventud, así como de “Mundo Obrero”, que acusa al “grupúsculo trotskista” de Madrid de usurpar el nombre de “comunista”, y recuerda respecto a esto el descubrimiento en la U.R.S.S. del “centro de espionaje y de traición” que dirigían Zinoviev, Kamenev y Trotsky. El 21 de octubre estallan los primeros incidentes, que estas agresiones verbales habían preparado: la invasión y el saqueo del local madrileño de las JCI por un grupo de sesenta miembros de las JSU, decididos a hacer callar por la fuerza a los que trataban de “escisionistas” y de “agentes del fascismo”. Ésta será la señal de la campaña general de exterminio llevada a cabo contra el POUM.
Muy distinta es la orientación de la Federación de Levante, dirigida, desde pocas semanas después del comienzo de la guerra civil, por Luis Portela, que no dudó en afirmar en diciembre de 1936 ante el Comité Central ampliado: “En nuestro partido hay una corriente que lleva una política que realmente no es la nuestra. Esta corriente, que actúa fundamentalmente como fracción, está representada sobre todo por la sección de Madrid”. La orientación seguida por el periódico “El Comunista” resulta extraña para el que haya leído “El Combatiente Rojo”, e incluso “La Batalla”. El órgano levantino del POUM no duda en otorgar su apoyo sin reservas al gobierno Largo Caballero, escribiendo: “El gobierno de la República es la expresión de la voluntad de las masas populares, encarnada por sus partidos y organizaciones”. A pesar de que los primeros actos de violencia han tenido lugar contra militantes de su propio partido en Madrid, y de que incluso su propio derecho de expresión está en entredicho, escribe que los militantes levantinos del POUM están orgullosos de “no haber provocado ningún incidente”.
Multiplica los ataques contra los que llama “los enemigos en el seno de nuestras propias filas”, denuncia a “los aventureros de la política”, a los “intelectuales pequeño-burgueses”, la “frivolidad” de los “irresponsables”, a los que hay que achacar la principal responsabilidad por los ataques estalinistas. Lanza una campaña para que “se corte de raíz” todo “pretexto” de ataque por parte de otros partidos obreros, lo que no puede conseguirse, según él, sino con la eliminación radical del POUM de “toda tendencia trotskista o trotskizante”, apuntando a la vez a la sección de Madrid y a la JCI en su conjunto, en particular a su Secretario General, Solano, pero intentando llegar hasta Nin y Andrade. Portela reprocha al Comité Ejecutivo y a “La Batalla”, el hecho de haber formulado públicamente críticas contra la Unión Soviética. “El Comunista” se niega a salir en defensa de los acusados de los Procesos de Moscú, subrayando que “¡ni ellos mismos se defienden!”.
Respecto a la orientación, las divergencias no son menores. El alemán Landsmann, del SAP apoya a Portela en el congreso de la Federación de Levante, clamando: “Nin ha criticado al Frente Popular. ¿Qué hubiéramos hecho si el movimiento se hubiera dirigido contra un gobierno que no fuese de Frente Popular?”. “El Comunista” desaprueba las críticas que se han hecho a las Cortes, así como la demanda de su disolución. Los dirigentes comunistas de Levante se oponen a la consigna de “comités”, a los que consideran como “desacreditados”, retomando, en febrero de 1937, en plena ofensiva estalinista contra el POUM, el tema de la “unificación de los marxistas”, necesaria, según su opinión, para la depuración de cada partido -haciendo el POUM la suya hacia la izquierda- protestando contra las veleidades de la dirección al intentar conseguir la salida del gobierno de los partidos republicanos pequeño-burgueses, cuya presencia estiman indispensable, oponiéndose también a la consigna de “gobierno obrero” y a la ruptura de la coalición con los partidos burgueses, que en principio están en el centro de las consignas gubernamentales generales de su partido durante todo este período.
Al lado del POUM “rojo” de Madrid, casi bolchevique-leninista, el POUM de Levante aparece de un rosa pálido, como el ala de este partido más abiertamente favorable una política de alineación con el Frente Popular. Ahora se comprende mejor, como en estas condiciones, Andrade haya podido escribir hoy que el POUM “vivía desde el principio de la revolución en un estado de crisis permanente oculta”, y que Nin, impuesto por “su autoridad moral, su talento, su prestigio y las necesidades de la realidad”, fue un “secretario político disminuido de sus funciones”, constantemente “sometido a las vejaciones de los veteranos dirigentes maurinistas” que luchan contra él constantemente, obligándole a una lucha permanente en un partido en el que no representa más que a una “fracción minoritaria” y en el que no puede contar más que con “la maduración política que se estaba operando en la base”. La línea del POUM, bajo el peso de estas dificultades, traduciría gran cantidad de dudas y de incertidumbres, y alimentaría la ruptura después de la feroz polémica con Trotsky a partir de la entrada del POUM en el gobierno de la Generalitat.
La liquidación del levantamiento militar en Cataluña había creado, más claramente aún que en el resto de España, una situación de doble poder entre las autoridades de la Generalitat -el presidente Companys- y los comités construidos por los militantes obreros, esencialmente de la CNT, en las ciudades, los pueblos y los barrios de Barcelona. Las dudas de los anarquistas, enfrentados al problema del poder, habían conducido ya inmediatamente después de la insurrección a una solución intermedia, la constitución de un Comité Central de las Milicias Antifascistas de Cataluña, formado por representantes de los partidos obreros y republicanos y de los sindicatos obreros y campesinos. “Eran ya organismos de Frente Popular”, pero en los que “las fuerzas obreras eran fundamentalmente determinantes”, como subraya Andrade. El Comité Central tenía pues la posibilidad de convertirse -por la ampliación de su base de comités de milicianos, por su transformación en comités elegidos de tipo soviético y por la eliminación de los partidos republicanos burgueses- en un verdadero gobierno obrero.
Esta era, en agosto del ’36, la postura del POUM y seguramente la de Trotsky. Pero la pequeña burguesía vigilaba a través del presidente Companys, apartado en julio y aparentemente reducido a un papel decorativo: fue él, quien a partir de septiembre se dedicó a convencer a los elementos dirigentes de la CNT-FAI de la inutilidad de esta “dualidad de poderes” y de su carácter nefasto para la organización de la lucha, así como de la necesidad de poner fin a esta situación, reconstruyendo un “gobierno” de la Generalitat de composición idéntica a la del Comité de Milicias, lo que presuponía la disolución de este último. La discusión llega hasta el Comité Central, donde el POUM está representado. Andrade cuenta: “Nuestro delegado luchó hasta el último momento, apoyado por todo el partido y su órgano ‘La Batalla’, contra esta proposición, oponiéndole una mejor estructuración del Comité de Milicias y una representación más fiel de las masas revolucionarias. Nuestra opinión era muy minoritaria, la CNT-FAI disponía de una fuerza hegemónica, y su decisión fue adoptada”.
El POUM, igual que durante la decisión sobre las alianzas electorales, se encontraba ante una alternativa decisiva: seguir solo en la vía defendida hasta ahora o inclinarse ante la mayoría de las organizaciones obreras, en nombre de la unidad y de la eficacia, entrar en el gobierno y aceptar una cartera ministerial. Una alternativa con grandes consecuencias, que cuestionaba su porvenir. Juan Andrade, recordando esto, insiste sobre todo en las consecuencias que hubiera tenido, según su opinión, la negativa a la colaboración gubernamental: el aislamiento del POUM, favoreciendo las empresas estalinistas en favor de su prohibición, la pérdida de derechos y ventajas materiales para sus milicias -la posesión de milicias era el criterio para el “reconocimiento” de un partido como antifascista-, así como el peligro de verse a corto plazo obligado a la ilegalidad, en una situación que el POUM estimaba que era fundamental para él y para la revolución, poder dirigirse a las masas.
Aquí no
se acababan los peligros que entreveían los dirigentes del POUM: era probable
que una decisión negativa hubiera tenido como consecuencia la escisión por
parte de los elementos derechistas del partido. Andrade, que más tarde escribiría
que la participación había sido “engañosa, e incluso nefasta”, hoy se contenta
con hacer notar que la forma con que Trotsky expresa su crítica estaba “casi
formulada en los mismos términos que si se hubiera tratado de la colaboración
de clases de los socialdemócratas en un gobierno burgués, de Andrés Nin
siguiendo, en suma, los pasos de Millerand”.
Las consecuencias de la participación aparecieron rápidamente: una de las primeras decisiones del gobierno en el que Nin había entrado como ministro (“conceller”) de Justicia, será precisamente la disolución de los comités nacidos en las jornadas revolucionarias de julio, la instalación de ayuntamientos hechos a imagen y semejanza de los del Frente Popular, la restauración, al igual que en el resto de España bajo el gobierno de Largo Caballero, de un gobierno burgués tradicional, simplemente “rejuvenecido” por el aporte y la colaboración de las organizaciones obreras, pero que tendrá la tarea de restablecer una “situación normal”, lo que ocurrirá en el espacio de algunos meses, la participación del POUM fue preciosa para poner en lugar el dispositivo de contraataque a partir de la restauración de la autoridad gubernamental.
¿Fue
tomada por unanimidad la decisión de entrar en el gobierno Tarradellas de la Generalitat?
Desde luego se puede dudar, y numerosos testimonios dan cuenta de profundas
dudas, por lo menos entre los dirigentes del POUM. Los dirigentes de las JCI
son reticentes, y las explicaciones dadas, en un mitin de Barcelona, por su
secretario general Wilebaldo Solano, provocarán el furor de los más ardientes
partidarios de la colaboración. Molins y Fábrega lucha contra la postura que
considera como un grave error. El madrileño Enrique Rodríguez, invitado al
Comité Central a titulo consultivo, vota en contra. Andrade parece también
haber combatido una decisión de la que no ve claras las consecuencias, y haber
pedido en vano una consulta a los militantes, que es rechazada, a falta de
tiempo, según se dice, ya que hay que decidirse rápidamente. De todas formas,
oficialmente, la decisión fue tomada por el Comité Central por unanimidad:
ninguno de los adversarios a la entrada toma sobre si la expresión de una
oposición que significaría evidentemente, en estas condiciones, una escisión.
Así es
como aparecen las raíces de las divergencias que arruinarán toda esperanza de
acercamiento entre Nin y Trotsky.
Al igual que en enero, de cara a la
conclusión de la alianza electoral, el POUM acepta inclinarse ante una política
que no es la suya, que él no ha querido, o que incluso ha combatido: se niega a
colocarse contra la corriente y aislarse de las demás organizaciones.
Minoritario en el seno de la clase obrera, estima que debe inclinarse, en
Cataluña, ante los anarquistas, como había hecho en enero ante los socialistas
al aliarse con los republicanos bajo el programa de estos últimos. La
concepción “unificadora” que prevaleció en la propia constitución del POUM,
constituye, sin duda alguna, un poderoso factor en la toma de esta decisión.
Pero existen otras razones más determinantes aún. La negativa a colaborar desde
el interior en el gobierno de la Generalitat, la batalla por defender, con uñas
y dientes, los comités, transformándolos en los órganos de las masas
revolucionarias ejerciendo el poder, significaría evidentemente orientarse
hacia la dictadura del proletariado bajo el modelo “soviético”: el POUM, debido
al Bloc, considera que esta política es extraña a la tradición del movimiento
obrero español. Si el órgano del poder según el POUM era, durante los seis primeros
meses de 1936, la Alianza Obrera formada por delegados de los partidos obreros
y los sindicatos, la coalición que prevalece en el Comité Central de las
Milicias -y que es trasladada al nuevo gobierno-, que es extendida según las
mismas proposiciones a los nuevos ayuntamientos, ¿es muy diferente
cualitativamente, teniendo en cuenta el papel que juegan por el momento las
organizaciones republicanas, reducidas a su más simple expresión y que van a
remolque de las organizaciones obreras?
Finalmente,
estrechamente ligados a estas concepciones principistas, hay análisis incluso
de los dirigentes del POUM de la situación de verano de 1936: el 6 de
septiembre, Nin afirmaba que “la dictadura del proletariado existía en España”:
al entrar en el gobierno Companys, los dirigentes del POUM no podían contribuir
a liquidar un segundo poder, ya que no había dualidad de poderes; en ese caso,
la disolución del Comité de Milicias no aparecía más que como una simple
reorganización, un cambio, ciertamente digno de tener en cuenta, pero no
cualitativo, ya que el gobierno catalán tenía, como explicarán los militantes
del POUM de Madrid, un “carácter revolucionario”, siendo la expresión, incluso
por su composición, de las tareas “democrático-socialistas” de la revolución.
Nin, en el Consejo de la Generalitat, luchó contra la disolución de los comités
locales, pero se consuela de esta derrota y del hecho de que el POUM deje de
ser hegemónico en ciertos comités locales -como el de Lérida- por el hecho de
que desde ahora está representado en localidades en las que hasta el momento
había sido mantenido fuera... Walter Held, secretario, y seguramente portavoz
de Trotsky sobre este problema, escribirá: “El POUM cometió aquí el error
trágico que consiste en considerar a su propio partido como un objeto muerto,
en lugar de considerarlo como un factor vivo de la revolución. Estas medidas a
medias, esta autocastración, ¿no son los que preparan el terreno a las
hipócritas medidas de los estalinistas?”.
La entrada de Nin en el gobierno catalán, la disolución de los comités en Cataluña, en todo caso, hicieron abortar los inicios de colaboración esbozados en agosto entre los trotskistas y los veteranos de la Izquierda Comunista que estaban a la cabeza del POUM, colaboración que habla encontrado bastantes obstáculos, tanto por parte de los “bloquistas” y de sus aliados, los partidos extranjeros del Buró de Londres, como por la de los “voluntarios BL” extranjeros, que lo ignoraban todo sobre España, pero que eran pródigos a la hora de dar lecciones. Después de la constitución del gobierno Tarradellas, con Nin como ministro de Justicia, Rous partió el 7 de octubre, después de una última entrevista con Andrade. Dejó tras suyo a su secretario, el poeta Benjamín Péret, que se alistará en las milicias del frente de Aragón, así como algunas decenas de militantes dispersos. Después del hundimiento del grupo Fersen, no hay más BL españoles. Los restos del grupo Fersen, a excepción de Esteban Bilbao, que quedó aislado, se integraron en el Partido Socialista, o bien, como Jesús Blanco, en el POUM.
De los
militantes extranjeros presentes en España antes del comienzo de la guerra
civil, uno, Robert de Fauconnet, murió, y el otro, Fersen, trabaja para su
propia fracción internacional, la de Molinier. Munis aún no ha vuelto de
México. De hecho, se dibujan dos grupos, uno alrededor de Fosco, el otro,
alrededor de otro militante italiano, Carlini. La publicación por estos últimos
del informe de Rous sobre España, provoca la primera reacción violenta, la de “El
Comunista de Valencia”, portavoz del antitrotskismo en el POUM. Expulsados por
su actividad fraccional del POUM y de sus locales en Barcelona, los militantes
del grupo “oficial” -Adolfo Carlini, Lionello Guido- piden la entrada en este
partido con el derecho de constituir su propia fracción: reciben una brutal
negativa, firmada por Nin en persona en nombre del Comité Ejecutivo, exigiendo
de su parte la desaprobación previa de los ataques de la IV Internacional.
Después de cinco años de revolución, Trotsky no dispone, para concretar su
política, ni siquiera de un grupo, aunque fuese reducido, de militantes
españoles.
Las
divergencias no han dejado de agravarse, y la disputa va tomando, a los ojos de
cualquiera, un carácter académico. La decisión tomada por la Unión Soviética -cofirmante
inicialmente del pacto de no intervención- de dar ayuda material a España,
estaba cargada de consecuencias políticas. “Pravda” no lo disimula: en España
no se trata ahora de una revolución “socialista”, ni siquiera
“obrero-campesina”, sino de una “revolución democrática” y de la “lucha contra
el fascismo”.
